La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado la «deslegitimación» del Ministerio Fiscal, así como «la creciente instrumentalización política de decisiones del Ministerio Público».
En un comunicado de este lunes con motivo de la constitución del nuevo Consejo Fiscal, la asociación ha lamentado «la erosión deliberada de la credibilidad institucional mediante simplificaciones partidistas, desinformación o descalificaciones personales», frente a «la crítica legítima».
Así las cosas, la UPF indica que el Consejo Fiscal «no es un parlamento de los fiscales», sino que se trata de «un espacio esencial de deliberación, participación, contraste de posiciones y formulación de propuestas» dentro de la Fiscalía y cuyo «buen funcionamiento contribuye directamente al fortalecimiento de la institución y, con ello, al mejor servicio que prestamos a la ciudadanía».
La asociación indica que, una vez constituido el Consejo, «cada miembro debe ser consciente de que su responsabilidad institucional trasciende» las «convicciones, sensibilidades y, en muchos casos, adscripciones asociativa» de cada consejero.
LA «DISCREPANCIA RAZONADA» CONTRIBUYE A LA «MEJORA» DE LA FISCALÍA
Además, insta a alcanzar una «discrepancia razonada», la cual «no debilita al Ministerio Fiscal», sino que «contribuye a su mejora, previene errores y fortalece la calidad de sus decisiones». «Lealtad institucional y espíritu crítico no solo no son incompatibles, sino que deben reforzarse mutuamente», razona.
Por otro lado, indica que «la diversidad de trayectorias, experiencias y sensibilidades jurídicas» que hay entre los distintos vocales «enriquece la deliberación colectiva y mejora la capacidad de afrontar desafíos complejos».
Asimismo, manifiesta que «debería constituir un objetivo compartido la búsqueda honesta de espacios de acuerdo»: «El consenso no exige uniformidad, pero sí exige reconocer al discrepante como interlocutor legítimo y mantener una voluntad sincera de entendimiento».
Por todo ello, subraya su «preocupación» por el momento actual y llama a los nuevos vocales a actuar «no en defensa de personas concretas ni de posiciones ideológicas determinadas, sino en defensa de la independencia, la credibilidad y la dignidad del Ministerio Fiscal».
«La deslegitimación de las instituciones, incluida y en primera línea el Ministerio Fiscal y la creciente instrumentalización política de decisiones del Ministerio Fiscal o de cualquiera de sus integrantes constituyen una amenaza real para la confianza ciudadana en el Estado de derecho», expone.
Por ello, emplaza al Consejo Fiscal a perseguir la «unidad institucional» y manifiesta que sus respuestas no deben de ser «en defensa de personas concretas ni de posiciones ideológicas determinadas, sino en defensa de la independencia, la credibilidad y la dignidad del Ministerio Fiscal».
Los resultados de las últimas elecciones del Consejo Fiscal arrojaron que la mayoritaria Asociación de Fiscales –crítica con la jefa del Ministerio Público, Teresa Peramato– consiguió mayoría con seis fiscales, mientras que UPF obtuvo dos y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, uno.
