Las personas seleccionadas provisionalmente en la convocatoria de ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU25), agrupadas en el colectivo AfectadosFPU25, junto con la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), han denunciado el retraso en la publicación de la resolución definitiva y «la ausencia de información concreta» por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre cuándo podrán formalizar sus contratos e incorporarse a sus centros de trabajo.
En este contexto, recuerdan que la propuesta de resolución provisional se publicó el 21 de julio y el plazo para aceptar las ayudas concluyó el 4 de agosto. «Más de tres meses después, las personas beneficiarias propuestas siguen sin resolución definitiva», aseguran.
Esta demora, añaden, supera el plazo máximo de seis meses establecido en el artículo 15.3 de la Orden CNU/692/2019, cuyo límite, tomando como referencia el cierre de solicitudes el 27 de febrero de 2026,»venció el pasado 27 de agosto».
En este punto, los afectados destacan que la incorporación estaba prevista para el 1 de octubre. Sin embargo, a mediados de noviembre, afirman que «ninguna de las cerca de 1.000 personas seleccionadas ha podido firmar su contrato ni iniciar su actividad investigadora en las condiciones previstas».
Mientras tanto, el Ministerio ya ha abierto el plazo de solicitudes de la siguiente convocatoria, FPU26, «sin haber resuelto definitivamente la anterior».
Desde AfectadosFPU25 señalan que «han contactado en repetidas ocasiones» con el Ministerio para conocer el estado de la tramitación. «Las respuestas recibidas se limitan a indicar que la incorporación tendrá lugar una vez se publique la orden definitiva y que, por el momento, no existe una fecha prevista», aseveran.
El colectivo considera «inaceptable la opacidad y la falta de previsión». «No saber cuándo podremos empezar a trabajar, ni siquiera tener una fecha orientativa, nos mantiene en una situación de absoluta incertidumbre», denuncian los afectados.
Desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), su presidenta, Cristina Rodríguez, ha subrayado que esta parálisis administrativa «traslada el coste de la ineficacia institucional directamente a los hombros de quienes empiezan su carrera científica y de quienes llevan intentando hacerse un hueco con trabajando sin contrato en materia de investigación».
«Cuando un contrato predoctoral se retrasa indefinidamente, estamos hablando de proyectos vitales que quedan en espera cuando todos sus gastos asociados siguen avanzando sin poder cubrirse, no de únicamente unos expedientes parados en un cajón. Estas personas se quedan en un limbo laboral y económico absoluto. Quien espera esta resolución tiene que seguir pagando un alquiler y sosteniendo su vida sin ingresos, muchas veces después de haber dejado otro trabajo o haberse mudado para incorporarse a su grupo de investigación, o no se da pie a empezar proyectos vitales nuevos, como la independencia económica en una media de edad de 26 años», ha señalado Rodríguez.
La presidenta de la FJI/Precarios advierte además del «desgaste personal y del riesgo de perpetuar prácticas precarias» en el sistema público de I+D+i.
«Esta incertidumbre genera una enorme ansiedad y empuja a muchas investigadoras e investigadores a una situación insostenible: o bien se ven abocados a adelantar dinero de su bolsillo -o de sus familias, ambos contextos no siempre disponibles- y a empezar a trabajar sin contrato ni cobertura legal para no perder el ritmo de su tesis, o bien se plantean abandonar una carrera para la que tienen preparación y vocación de servicio público», avisa.
Rodríguez carga también contra el Ministerio por exigir «la excelencia académica sin responder de igual manera con rigor administrativo y respeto hacia la dignidad laboral de las personas seleccionadas».
En la misma línea, AfectadosFPU25 reivindica que su demanda se ciñe al cumplimiento básico de las reglas de la convocatoria. «No pedimos ningún trato de favor. Pedimos información, transparencia y que se resuelva una convocatoria cuyos plazos ya se han superado. Detrás de cada expediente hay una persona que necesita organizar su vida y que no puede permanecer indefinidamente esperando una respuesta», apunta.