La crisis habitacional, unida a la precariedad y la inestabilidad laboral, ha pasado factura al bienestar emocional dela juventud española. Así, el 42 % de las personas de entre 25 y 34 años afectadas por la crisis de la vivienda percibe su salud mental como regular o mala.
Detrás de este porcentaje, se encuentran situaciones de sobreesfuerzo económico y dificultades para emanciparse que se asocian a peores niveles de bienestar emocional, según se desprende del informe ‘Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural’ publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE-), Fad Juventud y Oxfam Intermón.
«La juventud no nos jugamos solo una cuestión material, nos va la vida y la salud en poder acceder a una vivienda digna. Las soluciones no pueden ser solo sanitarias, no podemos responder con más psicólogas a un problema que tiene su raíz en alquileres que se comen nuestra capacidad de ahorro, en salarios que no alcanzan y en una generación que ha normalizado la incertidumbre como forma de vida», ha explicado Andrea González Henry, presidenta del CJE.
En su opinión, son necesarias «más políticas de vivienda que hagan efectivo el derecho constitucional a la vivienda, mejoras en la protección social juvenil y, también, más y mejores recursos de salud mental. Pero todo a la vez».
El informe pone de manifiesto que el encarecimiento sostenido del alquiler y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en propiedad han transformado de forma profunda el modelo residencial de la población joven. El régimen de arrendamiento ha ganado peso hasta definir a la juventud actual como una «generación inquilina». En 2025, la mitad de las personas jóvenes emancipadas vivía en alquiler.
Las desigualdades económicas siguen marcando el acceso a la vivienda, recoge el informe, y las personas jóvenes destinan de forma sostenida entre el 40 % y el 50 % de sus ingresos al pago de la casa, muy por encima del umbral recomendado del 30 %. En el caso de los hogares unipersonales jóvenes, el esfuerzo es aún mayor: desde 2017 supera el 80 % del salario.
Esta presión económica ayuda a explicar por qué, a mayor sobreesfuerzo residencial, peores son los indicadores de bienestar emocional. Así la incidencia de mala salud mental de las personas de entre 16 y 34 años que destinan más del 50 % de sus ingresos a la vivienda duplica la registrada entre quienes pagan menos del 30 %.
«Para muchas personas jóvenes, la vivienda marca decisiones vitales, con quién viven, qué intimidad pueden tener, cuánto tiempo pueden sostener un alquiler o hasta qué punto pueden imaginar un proyecto de vida propio», ha indicado Julia García, coautora del informe y experta en desigualdades y juventud de Oxfam Intermón. «La crisis habitacional se ha convertido en un factor estructural de desigualdad que afecta a su salud mental, a sus relaciones y a sus expectativas de futuro», ha añadido.
Según el análisis, el alquiler no solo implica un mayor esfuerzo económico en los hogares de las personas inquilinas, sino que también intensifica la vulnerabilidad social. Después de pagar la renta, la diferencia entre el riesgo de pobreza antes y después de hacerlo se mantiene alrededor de 20 puntos porcentuales.
Los elevados precios de la vivienda no explican por sí solos este malestar. La precariedad y la inestabilidad laboral también pesan sobre la salud psicológica de la población joven y reducen sus opciones de futuro.
El informe apunta que el deterioro de la situación económica está asociado a más problemas de salud psicológica. En el último año, el 63,5% de quienes se encuentran en situación de carencia material severa ha sufrido algún problema de este tipo, frente al 52,4% de quienes no presentan ninguna privación.
Quienes tienen dificultades para ahorrar declaran más síntomas de malestar psicológico. Las diferencias superan los diez puntos respecto al resto de jóvenes en la mayoría de los indicadores analizados.
CÍRCULO VICIOSO
La falta de recursos puede generar un círculo vicioso, a tenor de las concluiones del informe, disponer de pocos medios está asociado a una peor salud mental, lo que dificulta reunir dinero para atención psicológica y, al no recibir asistencia, empeora la percepción del propio malestar emocional. Entre las personas de 25 a 34 años, la mala salud mental aumentó del 7 % al 19,3 % para quienes tuvieron que renunciar a apoyo psicológico por falta de recursos en el último año.
Para Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, con frecuencia se aborda la salud mental como una cuestión individual, cuando los datos muestran con claridad el peso que tienen las condiciones de vida. «La precariedad, la incertidumbre, la falta de autonomía o la sensación de que el futuro se aleja terminan dejando una huella profunda en el bienestar emocional de las personas jóvenes. No podemos entender la salud mental sin prestar atención al contexto en el que se desarrolla», ha añadido
La falta de recursos no solo limita las posibilidades materiales. También condiciona los vínculos, la vida social y la percepción de apoyo. Entre las personas jóvenes con carencia material severa, el 39,8 % afirma sentir soledad no deseada con frecuencia. El porcentaje baja hasta el 19,6 % entre quienes no afrontan dificultades materiales.
Ante esta situación, las tres organizaciones instan a adoptar medidas para abordar una doble urgencia. Por un lado, reforzar los servicios y la atención psicológica para cuidar la salud mental de la juventud. Y al mismo tiempo, abordar con soluciones los problemas estructurales que están detrás de este malestar.
Para ello, han reclamado políticas públicas que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible con medidas como incrementar el parque de vivienda pública o combatir las prácticas especulativas en el mercado del alquiler, entre otras.
En el apartado del mercado laboral, apostar por actuaciones como la aprobación del Estatuto del Becario o la ampliación de los programas de becas y ayudas al estudio, que consoliden y profundicen las mejoras recientes. En paralelo, habilitar acciones específicas como la reforma del Ingreso Mínimo Vital «para que las personas menores de 30 años puedan solicitar esta medida fundamental para combatir la pobreza juvenil y reducir la carencia material severa».
