El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género de España ha criticado este jueves las «generalidades sin sentido ni conocimiento» en materia de violencia machista del pacto PSOE-Sumar, que las organizaciones feministas ven «muy decepcionante».
En un comunicado, la portavoz del Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género de España, Elena Ramallo, ha manifestado que, para elaborar esta propuesta, «nadie del PSOE ni de Sumar» les ha llamado ni les ha querido escuchar.
«Podemos/Sumar nos han ninguneado y el PSOE nos ha ignorado y no nos ha querido escuchar. No tienen ni idea de nuestros problemas ni necesidades», ha afirmado Ramallo, quien ha añadido que en cuatro años no han oído «ni una sola medida sensata y adecuada para evitar el sufrimiento, el maltrato ni los asesinatos».
De este modo, solicitan que al frente de las responsabilidades contra la lucha de las violencias machistas, en todo lo que afecte a mujeres y menores, «se designen personas con experiencia, conocimientos, expertos y técnicos, y sensibilidad para con las víctimas». «No se coloquen personas de partido. Bastante hemos soportado las mujeres en esta legislatura para que se repita la situación», ha subrayado.
Además, ha recordado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el PSOE se han reunido estos días con grupos feministas. «Nos preguntamos porqué las víctimas de violencia machista estamos excluidas y no se nos quiere oír», ha planteado.
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Por su parte, feministas de Alianza contra el Borrado de las Mujeres han denunciado, en declaraciones a Europa Press, la «exclusión» y «ausencia total» de políticas para combatir «de manera eficaz» la explotación sexual y reproductiva del pacto PSOE-Sumar. En este sentido, consideran que el acuerdo es «muy decepcionante» para las políticas vinculadas a los Derechos Humanos de las mujeres.
El acuerdo de coalición progresista de PSOE y Sumar, presentado este martes, contempla reforzar el compromiso contra las violencias machistas, pero no menciona ni la abolición de la prostitución ni la prohibición de la gestación subrogada, medidas que los socialistas sí llevaban en su programa electoral para las últimas elecciones generales.
Precisamente, Sánchez se reunió la semana pasada con organizaciones de mujeres y se mostró «muy comprometido» con la agenda feminista, en cuestiones «aparcadas» durante esta legislatura, como es el caso de la ley abolicionista de la prostitución, según señalaron a Europa Press fuentes presentes en la reunión. En todo caso, Sánchez también expresó las dificultades para implementar medidas debido a la fragmentación de los grupos parlamentarios y lo «difícil» que resulta llegar a consensos.
Los socialistas también recogían en su programa electoral el «No a los vientres de alquiler». «El deseo de ser madre o padre no es un derecho. Los cuerpos de las mujeres no son objetos de uso para satisfacer deseos de otras personas. Hay que acabar con la concepción de que las mujeres sean un medio para el fin de otros, atentando deliberadamente contra su autonomía y dignidad, y explotando su falta de recursos y oportunidades», señalaban.
En este sentido, Alianza contra el Borrado ha asegurado que este acuerdo pone de manifiesto el «alejamiento» de los partidos del pacto de Gobierno de la agenda del feminismo.
ACUERDO «MUY POCO AMBICIOSO»
Asimismo, ha añadido que el acuerdo es «muy poco ambicioso» en materia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres y que «pone de manifiesto» que las reivindicaciones expuestas en la reunión mantenida la pasada semana con organizaciones de mujeres «no encontraron apoyo en el equipo negociador de Pedro Sánchez».
Del mismo modo, ha indicado que los «escasos» compromisos adquiridos tan solo suponen «dar cumplimiento» a algunos de los asuntos ya comprometidos y que quedaron sin atenderse en la anterior legislatura y que, en algunos casos, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, arrastran «retrasos preocupantes».
Finalmente, la organización ha lamentado «el uso de tretas lingüísticas para avanzar en la agenda transgenerista» y ha añadido que esta se ve reforzada con «medidas tendentes a cuestionar y penalizar la libertad de profesionales sanitarios, psicólogos y otras áreas especializadas en la evaluación de desde criterios, estrictamente profesionales, de los casos de disforia de género». En este sentido, ha explicado que, a su juicio, se quieren «castigar» las indagaciones profesionales en menores de edad que «pueden confundir sus malestares de género con otras casuísticas».
