Cuando se cumple un mes del trágico accidente de Adamuz (Córdoba), que supuso la muerte de 46 personas y se saldó con más de un centenar de heridos de los trenes Alvia e Iryo que descarrilaron a la altura del municipio cordobés, los heridos y las familias de las víctimas celebrarán la asamblea constituyente de una asociación «apolítica» que «lo único que busca» es «responsabilidades» y que «se sepa la verdad».
Eran las 19,45 horas del día 18 de enero cuando un tren Iryo –en el que viajaban 300 personas– que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que invadiera la vía contigua por la que circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, de forma que dos vagones cayeron por un talud de cuatro metros.
Las horas y los días posteriores sumieron a todo el país en una honda tristeza, que se iba acrecentando a medida que se iban confirmando las víctimas y se iban conociendo las historias de familias rotas, desde ciudadanos que volvían de pasar un fin de semana llenos de planes en la capital española, hasta opositores que buscaban cumplir el sueño de conseguir el puesto de trabajo al que aspiraban.
Desde el momento del accidente, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central se coordinaron para atender a los heridos y rescatar a los fallecidos, pero debido a lo aparatoso del accidente, esta labor se demoró varios días.
El balance final fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente –el 30 de enero– tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Las heridas tanto físicas como emocionales aún están abiertas, como señala a Europa Press el portavoz de la plataforma de afectados –que comprende a más de 120 personas–, Mario Samper, que explica que aún hay heridos de diversa consideración y que el accidente ha supuesto para todos ellos «un shock bastante fuerte». Un mes después tanto los afectados como los familiares de los fallecidos continúan recibiendo atención psicológica al encontrarse «muy afectados».
La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.
Desde el primer momento, se sucedieron las continuas muestras de dolor y de condolencias de toda la sociedad, desde la Casa Real, pasando por la Comisión Europea. El día 20 el Gobierno declaraba tres días de luto oficial en todo el país, se decretaron banderas a media asta y suspensión de actos oficiales, incluidos los de Fitur y minutos de silencios en los municipios.
Además, aunque en un primer momento el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero, finalmente fue pospuesto tras trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.
Tras ello, la misa funeral oficiada por el Obispado de Huelva el pasado 29 de enero se convirtió en un auténtico acto oficial, con la presencia de familiares de fallecidos y de heridos, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, tres ministros, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
HERMANAMIENTO Y PERSONACIÓN
Tras todo lo acontecido, el Ayuntamiento de Huelva aprobaba en Pleno el hermanamiento con el municipio de Adamuz (Córdoba), como «acto de gratitud por la solidaridad mostrada por la población cordobesa con los afectados en el trágico accidente»; mientras que el Consistorio de Punta Umbría anunciaba la concesión de la Distinción 26 de Abril por «su respuesta ejemplar tras la tragedia ferroviaria».
De la misma manera, ambos ayuntamientos anunciaron que llevarán a pleno –este mismo 18 de febrero en Punta Umbría y el próximo 27 de febrero en Huelva– su personación como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario. Una vez aprobado, se remitirá la solicitud al Tribunal de Instancia Plaza 2 de Montoro (Córdoba), órgano encargado de la instrucción del caso.
«SIN CONTACTO» DE LAS ADMINISTRACIONES
No obstante, a pesar de todo ello, la atención por parte de las administraciones no la consideran del mismo modo los afectados y familiares, tal y como asegura Samper, ya que «no ha habido contactos por parte del Gobierno», solo la subdelegada del Gobierno de Huelva, que sí se ha brindado a prestar «la ayuda que haga falta tres semanas después».
«Pero después del accidente, nadie, ni del Gobierno ni de la oposición ni de la Junta se han dirigido a nosotros para darnos algún tipo de explicación. Saber cómo va el proceso, qué ha pasado, si hay una investigación, quién va a investigar, nada. No tenemos nada de información. Y la que tenemos es por los medios», ha lamentado.
Por ello, el portavoz ha incidido en que han echado de menos «un poco de calor, de cariño». «Hay mucha gente que tiene fallecidos, otros están físicamente muy mal y han estado ingresados bastante días con varias operaciones, en fin, lo idóneo es que se hubiera dirigido alguien a preocuparse por nosotros».
ASOCIACIÓN PARA «SABER LA VERDAD»
Tras el accidente, algunos de los heridos decidieron crear un grupo por la aplicación Whatsapp para mantener el contacto y ayudar. Hoy esta vía aglutina ya a más de 120 personas, además de que Samper también ha comenzado a gestionar otro grupo con los afectados del Iryo, que «también se estaban reuniendo y necesitaban ayuda» y «al final el responsable es el mismo aunque las empresas sean distintas y se creará un grupo único».
Pero, además, también tenían en mente la idea de crear una asociación para emprender las acciones legales, pues esta está muy avanzada, hasta el punto, como ha señalado el portavoz, que «ya hay unos estatutos elaborados y se está consultado con un abogado para finalizar el proceso».
Por ello, ha asegurado que en los próximos días quieren mantener una reunión con todos y constituir la asamblea constituyente de la asociación. «Esto va a ser ya inminente». No obstante, ha asegurado que la asociación será «apolítica» y ha sido tajante sobre que no tiene «nada que ver» con ayuntamientos ni políticos. «Nosotros tenemos unos intereses que no son los de los ayuntamientos ni los de algunos políticos que pretenden sacar caja de todo esto y nosotros no vamos a hacerles el juego», ha agregado.
«La investigación determinará quién o quiénes son los responsables, que podrán ser de un partido político u otro. Nosotros lo único que queremos es que se sepa la verdad», ha afirmado.
Este ha sido el siniestro más grave de ferrocarril en España desde el año 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, provocando la muerte de 80 personas y otras 145 resultaron heridas.
