La Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha levantado la restricción de llamadas a la expolicía Rosal Peral, condenada junto a Albert López por el asesinato del también agente de la Guardia Urbana Pedro R., que le impuso por conceder entrevistas por teléfono desde prisión, han explicado fuentes penitenciarias a Europa Press.
Las mismas fuentes han remarcado que la sanción fue una medida temporal y se ha retirado una vez «se ha considerado que la situación ha vuelto a la normalidad» al bajar la atención mediática sobre el caso, como ha adelantado ‘Catalunya Ràdio’ este jueves.
La restricción terminó el miércoles y ha supuesto que durante las últimas dos semanas Peral solo ha podido llamar a familiares de primer y segundo grado, y si al margen de estos parientes ha necesitado hacer una llamada urgente y justificada ha necesitado la autorización del director de la cárcel donde cumple condena, Mas d’Enric (Tarragona).
Habitualmente, los presos pueden hacer un máximo de 20 llamadas por semana a un máximo de 10 números de teléfono, una lista de contactos que deben comunicar a la prisión y que debe estar compuesta de familiares y allegados, incluyendo amistades.
Tras aplicarse la sanción, la consellera Gemma Ubasart afirmó, al preguntársele por el caso en una rueda de prensa, que los presos «tienen derecho a comunicarse con medios de comunicación y tienen derecho a dar entrevistas», pero que deben hacerse en el locutorio de la prisión y por escrito, sin ninguna grabación audiovisual.
