La organización Iustitia Europa, que llevó a la Audiencia Nacional (AN) la crisis migratoria de Ceuta, ha reclamado protección para los agentes de la Policía Nacional que han realizado el informe que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma a finales de julio.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la organización pide además a la jueza María Tardón, que abrió diligencias previas tras una denuncia de la propia Iustitia Europa, que se declare competente para quedarse la investigación.
Fue a principios de agosto cuando Tardón pidió un informe a la Policía para saber si la entrada de personas procedentes Marruecos fue una acción concertada e impulsada por un grupo criminal.
En dicho informe, según ha adelantado ‘El Español’, la Policía ha comunicado a la jueza que la entra masiva de decenas de miles inmigrantes en la ciudad fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.
Iustitia Europa pide a Tardón que requiera al Ministerio del Interior que le remita copia del oficio dirigido por el ministro, Fernando Grande-Marlaska, al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiéndole explicaciones por ese informe.
También interesa que la jueza solicite todas las instrucciones, comunicaciones, respuestas y actuaciones derivadas del mismo, a fin de conocer su contenido, alcance, finalidad y las medidas adoptadas respecto de los funcionarios intervinientes.
EN MANOS DE LA FISCALÍA
«Y, una vez incorporado a las actuaciones, libre oficio al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía haciendo constar que los funcionarios policiales que han intervenido en la elaboración, validación y remisión del informe del CENIF actúan, respecto de dicha diligencia, bajo dependencia funcional de este tribunal, debiendo quedar protegidos frente a cualquier presión, represalia, remoción, expediente o consecuencia profesional vinculada a su actuación en esta investigación judicial», subraya.
Para la organización, Tardón debería ordenar que cualquier actuación administrativa o disciplinaria que afecte a esos funcionarios y esté relacionada con la investigación «sea puesta inmediatamente en conocimiento» de la jueza, «garantizando su continuidad y protección en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial».
Ello tendría que ir acompañado, agregan, del «expreso apercibimiento de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pudiera incurrirse por el incumplimiento de las órdenes judiciales o por cualquier actuación dirigida a interferir, obstaculizar o condicionar la investigación judicial o la actuación de los funcionarios de policía judicial que la desarrollan».
Fuentes jurídicas han indicado a esta agencia de noticias que la jueza ha recibido el informe y ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es competente para continuar la investigación de los hechos denunciados.
La jueza acordó abrir diligencias previas tras la denuncia de Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras «que pudieran ser identificadas», por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
