La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha instado a «reforzar la confianza» tanto interna como externa en la institución y ha defendido la «legalidad» de sus nombramientos, que se han articulado «a través de decisiones fundadas en el mérito, en la capacidad y adecuación al puesto».
Así se ha expresado Peramato este viernes en la Comisión de Justicia en el Senado. La fiscal general ha sido llamada por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, para que dé cuenta de su mandato, como su política de nombramientos, además de las reuniones mantenidas entre excargos de la Fiscalía General del Estado con personas señaladas en el ‘caso Leire Díez’.
Y también se le requirió para que explicara a qué se refería cuando, en su discurso de toma de posesión como máxima autoridad del Ministerio Público, habló de «sanar heridas» dentro de la institución.
«Lo hice siendo plenamente consciente del contexto en el que esta expresión se insertaba», ha indicado, en referencia a la dimisión de su predecesor, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así, ha manifestado: «Aquellas palabras no pretendían en ningún caso una valoración aislada o descontextualizada, sino que formaron parte de un diagnóstico institucional responsable, acompañada de una llamada expresa al trabajo conjunto, a la lealtad y a la cohesión».
Por ello, ha llamado a «reforzar y fortalecer la confianza interna y también la externa» de la Fiscalía, a través de «consensos» y fortaleciendo la «coherencia en la actuación, garantizando que los criterios jurídicos se aplican, se comparten y se explican con claridad».
Y ha defendido que quien ejerce de fiscal general del Estado «no se puede erigir ni en comentarista ni opinadora de la actuación judicial, pues eso desdibujaría su posición institucional y comprometería los principios de objetividad e imparcialidad que rigen nuestra institución».
Sobre su política de nombramientos, ha señalado que pretende «consolidar un modelo en el que la independencia del Ministerio Fiscal se articula a través de decisiones fundadas en el mérito, en la capacidad y adecuación al puesto, configurando así una estructura institucional al servicio exclusivo de la ley y ajena a cualquier otra consideración».
