El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el ‘caso Begoña Gómez’, que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos.
En una providencia el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos.
La licitación bajo sospecha es un contrato que la entidad pública Red.es adjudicó en junio de 2020 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next –empresa de Juan Carlos Barrabés, también investigado en el ‘caso Begoña Gómez’– y KPMG, por valor de 4,05 millones de euros y en concepto de «Servicios de apoyo y asesoramiento», según consta en una resolución de la Fiscalía Europea a la que también ha accedido esta agencia de noticias.
Tras examinar el contrato, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió un informe en el que señaló que «el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar».
Según los investigadores, en el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se observó que la UTE entre KPMG e Innova «no habría incluido el Libro Blanco» en la documentación requerida para la licitación, un hecho que «habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores».
Estos hechos fueron revelados tras el análisis del contenido de los correos electrónicos relativos a los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea, que en 2024 asumió una investigación relativa a una serie de contratos en UTE en la que participó la sociedad de Barrabés y que se habrían llevado a cabo con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.
El órgano europeo asumió una parte del caso, concretamente con los contratos adjudicados al empresario Barrabés que fueron pagados con fondos europeos Next Generation.
Todo ello en el marco del ‘caso Begoña Gómez’, en el que el instructor ha propuesto juzgar con jurado popular a la esposa del jefe del Ejecutivo por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación.
El pasado lunes se celebró una audiencia preliminar de cara al eventual juicio con jurado popular a la que acudieron Gómez, su asesora Cristina Álvarez –también imputada– y Juan Carlos Barrabés. Las acusaciones solicitaron la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado para la esposa de Sánchez, que hasta ahora el juez Peinado no ha resuelto.
En el marco de esta causa, el instructor ha investigado un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en el Palacio de la Moncloa.
