Pardo de Vera asegura que se limitó a derivar contactos en la compra de mascarillas y niega haber borrado información

Redacción

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha señalado que «se limitó» a trasladar contactos al cargo del ente público que tramitaba el «encargo» del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas en pandemia, a la vez que ha subrayado que «no ha habido ningún borrado de información y/o datos» por su parte.

De esta forma ha respondido la exdirigente investigada al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a través de un escrito dirigido al juez que investiga el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press.

Los investigadores apuntaron en ese informe a la «intervención» de Pardo de Vera en la contratación de Soluciones de Gestión –la empresa epicentro de la presunta trama– e indicaron que parte del contenido de dispositivos que le incautaron «habría sido eliminado».

Según la UCO, la exdirigente intercambió mensajes con Koldo García, el que era asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, «con carácter previo a la adjudicación del contrato» por Adif, aportando mensajes entre ellos que permiten «inferir» que él intervino en la selección de la empresa y que, «a través» de ella, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que presidía».

Pardo de Vera indica que los mensajes analizados por la UCO lo que reflejan es que, «tras la encomienda efectuada a Adif para la adquisición de 5 millones de mascarillas», se le facilitaron a ella desde Transportes, «a través de Koldo García, los teléfonos del secretario general de Puertos del Estado y del titular de Soluciones de Gestión, «empresa suministradora con la que el citado organismo había tramitado previamente otra compra de mascarillas».

Y teléfonos de los que, defiende, «dio traslado acto seguido a la persona designada por Adif para la tramitación de la correspondiente contratación», lo que «explica» el contenido de los mensajes que Koldo le envió el 26 de marzo de 2020, «remitiéndole los contactos» de Íñigo Rotaeche, de Soluciones de Gestión, y de Álvaro Sánchez Manzanares, entonces secretario general de Puertos del Estado.

Eso también explica –sostiene– que Koldo le dijera en uno de esos mensajes que «el Íñigo es el del contrato», «en referencia al contrato de suministro de mascarillas ya adjudicado previamente a dicha empresa por parte de Puertos del Estado».

«La actuación de Isabel Pardo de Vera se limitó, por tanto, a recibir unos contactos y a dar traslado de los mismos a la persona designada por Adif para la tramitación del encargo efectuado por el Ministerio de Transportes. El contrato no estaba en ese momento adjudicado por Adif y el mensaje hacía alusión al contrato previo de Puertos del Estado», indica su defensa en el escrito.

SU MÓVIL INCAUTADO NO ERA EL QUE TENÍA EN ADIF

Por otra parte, Pardo de Vera se centra en rebatir la afirmación de los agentes de la UCO de que, al analizar los dispositivos electrónicos intervenidos, «parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado».

Señala que cuando dejó de presidir Adif en julio de 2021 tuvo que entregar a la compañía tanto el móvil como el ordenador de trabajo que le habían dado, «si bien optó, por razones prácticas, por conservar el mismo número, pero sin realizar en ningún caso la portabilidad de datos, para la que no estaba autorizada».

«Lo anterior quiere decir que, tras su cese, toda la información y todas las comunicaciones de su etapa como presidenta (junio 2018-julio 2021) quedaron a disposición de Adif, en atención y cumplimiento a la política de uso de dispositivos de la entidad pública», precisa.

Pardo de Vera indica que esa circunstancia se la comunicó a los agentes durante el registro en el que le fueron incautados sus dispositivos, por lo que «no resulta, por tanto, ni admisible ni ajustado a la realidad la conjetura que le sirve a la UCO como punto de partida de su informe».

Que en el análisis de sus dispositivos y en especial de su teléfono «no se hayan localizado determinadas comunicaciones, se explica sencillamente», según expresa, «porque su móvil (incautado) no era el mismo que utilizaba en la época en que desempeñó el cargo de presidenta, y todas sus comunicaciones anteriores a julio de 2021, quedaron a disposición de Adif, sin que se efectuara ninguna portabilidad de las mismas».

«No ha habido por tanto ningún borrado de información y/o datos por parte de nuestra patrocinada», afirma, para añadir que cuando en julio de 2021 fue nombrada secretaria de Estado de Transportes recibió un nuevo dispositivo de trabajo que «fue oportunamente devuelto en el momento de su cese, en febrero de 2023».

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