El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha opuesto este lunes su gestión, incluyendo la dimisión «ejemplar» de María Gámez como directora de la Guardia Civil, con la del Partido Popular ya que, según él, esta formación «protege conductas delictivas», como ocurrió en 2017 en la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) cuando el director de la Benemérita paralizó y dio «carpetazo» de forma «impresentable» a la investigación de Asuntos Internos en el denominado como ‘caso Cuarteles’.
En su intervención ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska se ha centrado en el ‘caso Cuarteles’, motivo de su comparecencia en el Congreso, para denunciar los «gravísimos ataques» del PP al funcionamiento democrático y la separación de poderes, una etapa en la que se «usó de forma inmoral los fondos reservados» y hubo un «intento de elaborar pruebas falsas contra la oposición política».
La investigación sobre ‘Cuarteles’, ha subrayado, fue paralizada «de forma tajante» en 2017 por el director de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, que era el «responsable político» de la Benemérita con el PP y dio «carpetazo» a las indagaciones pese a que Asuntos Internos propuso que se remitieran a la Fiscalía.
La investigación fue retomada luego tras el cambio de Gobierno en 2018 –con él en el Ministerio– a raíz de una denuncia anónima remitida por la Secretaría de Estado a Asuntos Internos, lo que sucedió días antes de la moción de censura que ganó Pedro Sánchez.
Por este motivo, el ministro ha criticado los «oscuros años» del Gobierno de Mariano Rajoy, que en lo que respecta a sus antecesores en Interior ha resumido con tres palabras: «autoritarismo, corrupción y chapuza».
CRONOLOGÍA DEL CASO
En concreto, ha repasado la cronología de la investigación «profesional» sobre la «facturación de 2,11 millones de euros en forma de contratos menores o anticipos de caja» del ‘caso cuarteles’, en el que están imputados en un juzgado de Madrid el teniente general jubilado Pedro Vázquez Jarava y el constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon.
Entre finales de 2013 y mediados de 2016, este empresario constituyó tres sociedades que resultaron adjudicatarias de diferentes contratos con la Guardia Civil por un importe de 2,07 millones de euros con las comandancias de 10 provincias, según ha explicado ha explicado el titular del Interior.
Con la promesa de la comparecencia de Grande-Marlaska y de María Gámez, el PSOE consiguió que la Junta de Portavoces del Congreso diera carpetazo a la pretensión del PP de abrir una comisión de investigación sobre el llamado caso ‘Mediador’, en cuyo sumario también aparece mencionado ‘Mon’, aunque no en calidad de investigado.
En los días previos a su comparecencia, el principal partido de la oposición ha criticado con dureza al ministro del Interior al interpretar que usa el ‘caso Cuarteles’ para tratar de «tapar» la cocaína y los prostíbulos del ‘caso Mediador’, y que afectan al exdiputado socialista Juan Bernando Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’, entre otros.
CUARTELES, «UN CASO DE CORRUPCIÓN DEL PP»
«El denominado ‘caso Cuarteles’ es el enésimo caso de corrupción que afecta a los diferentes equipos que el Partido Popular designó para dirigir el Ministerio del Interior», ha defendido Grande-Marlaska, mencionando tanto la etapa en Interior de Jorge Fernández Díaz, con el ascenso «meteórico» de Vázquez Jarava a la cúpula de la Guardia Civil –donde desde el Mando de Apoyo supervisaba las obras en dependencias de la Benemérita– como la de Zoido, ya que fue con él cuando se decidió no enviar a la Fiscalía las indagaciones sobre adjudicaciones irregulares.
«Lo importante», ha dicho Grande-Marlaska, «es que cuando de estos hechos tiene conocimiento el director general, señor Holgado, no solo es que paralice la remisión a la Fiscalía, sino que lo más grave, ordena de forma tajante que se paralice la investigación».
El titular del Interior ha repasado la cronología del ‘caso Cuarteles’ desde que se inicia en 2016 la investigación de Asuntos Internos con un informe remitido al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Pablo Martín Alonso.
Las «graves anomalías» comienzan, según el ministro, cuando el propio Vázquez Jarava pide que el informe no se remita a Fiscalía. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2017, el director de la Guardia Civil «emite una resolución inédita, por no decir impresentable en un Estado de Derecho», al archivar las actuaciones de investigación.
Según ha recordado Grande-Marlaska, fue el 29 de mayo de 2018, «en pleno debate sobre la moción de censura» que ganó Pedro Sánchez, cuando Asuntos Internos recibe un corre electrónico con un escrito anónimo que fue recepcionado a su vez en la Secretaría de Estado de Seguridad, relatando una serie de irregularidades en obras de la Comandancia de Ávila, que fue origen de la investigación luego derivada a un juzgado de Madrid por afectar a 13 comandancias.
El ministro ha subrayado que fue tras la moción de censura de 2018, con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, cuando Asuntos Internos retoma la investigación, lo que demuestra que ahora se apuesta por «devolver la decencia y dignidad» al Ministerio, dejando atrás la etapa en la que se «utilizaron medios y recursos con finalidades espurias».
De hecho, ha detallado que desde 2018 a él «no le tiembla la mano» si tiene que tomar decisiones en materia de personal y que, en lo que afecta al ‘caso Cuarteles’, Asuntos Internos ha remitido desde 2019 a 2022 al juzgado sus informes que señalan a Vázquez Jarava por supuestamente disfrutar de viajes pagados por el contratista ‘Mon’, incorporando a la causa testimonios de otros mandos territoriales y de un perito arquitectónico.
AUTORITARISMO, CORRUPCIÓN Y CHAPUZA DEL PP
El ministro se ha mostrado «muy orgulloso» de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez porque, en su opinión, muestra «tolerancia cero» ante la corrupción», en contraste con el PP, al que ha acusado de desplegar en el Ministerio del Interior una política basada en «autoritarismo y corrupción, mezclado con el peor ingrediente posible, la chapuza».
«No dudaron, señoras y señores del Partido Popular, en hacer nuestra vida más insegura solamente para protegerse a ustedes mismos de sus casos de corrupción», ha insistido Grande-Marlaska, que ha aludido a la «policía patriótica» en casos como ‘Kitchen’ y a las comisiones de investigación del Congreso que revelan una «maraña de intentos de cercenar nuestras libertades».
«Una colección de actuaciones propias de una trama dedicada a proteger conductas delictivas», ha enfatizado Grande-Marlaska, que ha dicho que con él se «llega hasta el final» de cualquier posible irregularidad o caso de corrupción. En este sentido, ha dicho que con el actual Ejecutivo se reforzaron las unidades de Asuntos Internos o se aprobaron leyes como de protección del informante.
En su intervención inicial, Grande-Marlaska ha defendido que el periodo 2011-2018 del PP conforma los «oscuros años» de un «mal Gobierno», donde se actuó «de forma éticamente cuestionable», por ejemplo, ha dicho, con el «intento de elaborar pruebas falsas contra la oposición política» para desactivar su labor de control y alternativa.
El ministro, además, ha citado la pérdida de policías durante la etapa del PP y el «espionaje a los profesionales de los medios de comunicación con la finalidad de influir en su labor de investigación en torno a informaciones sobre escándalos del Partido Popular», mostrando su solidaridad con los periodistas.
