Los editores españoles demandan a Google por no pagar 1,1 millones en derechos de autor por su agregador de noticias

Servimedia
La asociación de autores y editores Cedro anunció este martes una demanda contra Google por el impago de 1,1 millones de euros en derechos de autor por su servicio ‘Google Discover’, que funciona como agregador de noticias personalizado sin compensar a los medios de comunicación.

La demanda, presentada ante los juzgados mercantiles de Madrid, reclama el abono de los derechos de propiedad intelectual derivados de la agregación de fragmentos de noticias de diferentes ediciones digitales de periódicos y de otras publicaciones.

Estos derechos están siendo pagados por servicios de agregación competidores como ‘Upday’ o los desarrollados por empresas como ‘Squid’ y ‘Huawei’, según explicó Cedro.

El importe requerido es una estimación, aunque podría llegar a los 14 millones de euros. “Para conocer la cantidad real adeudada por este agregador es necesario que esta empresa facilite los datos efectivos de uso de contenidos”, explicó la entidad.

Los principales afectados de este agregador de noticias son editores de periódicos y revistas, que ya habían reclamado en reiteradas ocasiones a Google el pago de derechos de autor por la agregación de contenidos que efectúa ‘Google Discover’ desde su lanzamiento a finales de 2016.

Como recordó Cedro, la Ley de Propiedad Intelectual regula un límite a los derechos de autor en favor de las empresas que efectúan agregación de contenidos. Esta disposición establece que estas compañías no necesitan autorización de los titulares de derechos para desarrollar esta actividad, en el caso de que cumplan los requisitos establecidos en este artículo.

Sin embargo, deben abonarles una compensación que se haría efectiva a través de la entidad de gestión correspondiente, en este caso, Cedro.

“La seguridad jurídica que brinda esta regulación a las empresas que desarrollan su negocio a través de la agregación de contenidos proporciona, a su vez, transparencia y equilibrio en el sistema y una compensación justa para los titulares de derechos”, explicó la entidad.

Esta demanda une a otras similares impulsadas por los titulares de derechos en países como Francia, Australia y Estados Unidos.

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