Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este miércoles por la mañana a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para cumplir con la orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz del ‘caso Leire Díez’ de recabar un expediente sobre una información reservada interna que se abrió por una posible filtración.
Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han señalado que la diligencia en la sede central en la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, no es un registro sino un requerimiento de información para recabar el expediente interno, con carácter reservado, que se abrió por posibles filtraciones y que afecta a un agente del instituto armado.
El requerimiento en calidad de policía judicial se ha practicado en paralelo a la personación de agentes de la UCO en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, también en el marco de la misma investigación de la Audiencia Nacional en el denominado ‘caso Leire Díez’ y que ha incluido registros en los domicilios de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, así como del empresario Javier Pérez Dolset.
Fuentes del caso han indicado que el teniente coronel del Departamento de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas, ha acudido este miércoles a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil porque la investigación también afecta a un exagente de la UCO. Se investiga si hubo una posible obstrucción a investigaciones judiciales.
Se trata de Juan Sánchez Yepes, agente de la Guardia Civil que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa, y que ya ha declarado con anterioridad en otras causas relacionadas con tramas de hidrocarburos como el ‘caso Gaslow’.
La presencia de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil se ha producido cuando la directora general del instituto armado, Mercedes González, se encontraba en las instalaciones de Batalla del Salado presidiendo la toma de posesión del nuevo jefe en la Comunidad de Madrid, general de brigada Francisco Almansa.
El juez ha ordenado, en el marco de estas pesquisas, que los agentes se personen igualmente en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la localidad de Milagro (Navarra) y del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías en Madrid capital, así como del empresario Javier Pérez Dolset en una urbanización de Móstoles.
En este contexto, el magistrado ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del partido, Ana María Fuentes, entre otros, según han precisado fuentes jurídicas a este agencia de noticias.
El magistrado instructor ha dado este paso porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
La investigación también se dirige contra los abogados Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex ‘número tres’ del PSOE en el ‘caso Koldo’, e Ismael Oliver, que llegó a defender al exasesor ministerial Koldo García.
