La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que algunos contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron «al margen del procedimiento establecido en la normativa» y de manera «premeditada».
Así lo expone en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que los investigadores han remitido al juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, que planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Los agentes explican que han analizado la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigió Gómez y, especialmente, la plataforma Transforma TSC, «desarrollada gracias a un coste económico directo para la UCM de 108.765,79 euros».
Y añaden que los colaboradores de la cátedra aportaron «de manera altruista» entre 225.000 y 253.000 euros para el desarrollo de ese ‘software’, desarrollado en nombre de la UCM y que se puso «de carácter gratuito» a disposición de pymes con talleres promocionales y del público general en la web transformatsc.org, sobre lo que el juez sospecha si Gómez se apropió irregularmente del mismo.
UN PAGO LIBERADO PARA EVITAR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LA UCM
Tras ello, la UCO incide en la condición de «administración pública» de la Complutense y el «preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público» para analizar la contratación de servicios para el desarrollo de la plataforma que fueron abonados por la UCM, en concreto a Making Science Group y Deloitte Consulting.
Respecto a la primera, hacen hincapié en que su contratación se llevó a cabo «sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA)».
Y precisan que, «dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM».
En cuanto a la segunda, indican que dos expedientes «se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa».
A ello añaden que los pagos a Deloitte Consulting «sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado».
«Sin embargo, de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato» y «la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución», apunta.
También expone que «los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos –en su invitación a ofertar y en los pliegos– se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio», y «se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte».
En la misma línea, apunta que «se producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados», puesto que «no se identifican elementos de los que se desprenda que durante el plazo formal de ejecución del segundo de los expedientes Deloitte desarrollase alguna de las funciones para las que fue contratado».
FONDOS PRIVADOS DE GÓMEZ
La UCO señala que el desarrollo del ‘software’ se encontraba aparejado a una serie de trámites, como la puesta a disposición de la Complutense y el registro de marcas y dominios.
Al respecto, indican que el órgano interno de la UCM responsable del proyecto de desarrollo se encontraba «en pleno conocimiento del estado de la herramienta a lo largo de todo el proceso» y destacan la figura de Gómez como directora de la cátedra y «principal responsable del proyecto, participando en los talleres para la difusión y publicidad de la herramienta en la fase final del proceso».
Y «técnicamente» identifican elementos de que el resultado del trabajo, en concreto «el entorno de producción de la plataforma una vez desarrollado», habría sido puesto a disposición de una unidad interna de la UCM, en concreto su Servicio de Sistemas.
Con todo, los investigadores manifiestan que, en materia de propiedad intelectual, «a pesar de haberse llegado a promocionar y hacer público el acceso a la herramienta, no se identifican elementos de los que se desprenda que por los responsables del proyecto se siguió el protocolo establecido por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual».
«En este caso, la competencia recaería sobre la cátedra, órgano interno de la UCM promotor del proyecto, y cuya dirección era asumida por Gómez», apostillan.
También apuntan a «otros trámites paralelos», como el registro de la marca creada en el marco del desarrollo de la plataforma y el alta del dominio para albergar el acceso público a la herramienta, «procedimientos de igual manera sujetos a un protocolo interno, no disponiéndose de elementos de los que desprenda su cumplimiento por parte de Gómez y Blanca de Juan como responsables de la gestión».
«Cabe señalar que los dos procesos habrían sido cubiertos con fondos privados (…) de la esfera personal de Gómez, difiriendo de la cobertura de otros gastos menores –cuya contratación no está sujeta a procedimientos– generados en el marco de la cátedra y que fueron asumidos con el fondo vinculado a dicho órgano», describen.
Por otra parte, la UCO subraya que la información bancaria analizada «concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando».
«En tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican. Todo ello al margen de otros ingresos derivados de otras operaciones de inversión», agrega.
«GESTIÓN ACTIVA» DE SU ASESORA EN LA CÁTEDRA
Los investigadores exponen que la cátedra se nutrió de diferentes colaboradores con un grado y carácter de participación diferente, entre los que aportaban fondos económicos –como única fuente de ingresos de la misma– «y/o» que participan en el desarrollo de la herramienta Transforma TSC.
«Todo ello acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la universidad», indican.
Y hacen hincapié en Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en la Moncloa y también investigada, «destacando su convocatoria y/o participación en reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la plataforma y gestiones burocráticas al respecto».
Según los agentes, realizó funciones de gestión y auxilio a la dirección de la cátedra e, «independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad», a «efectos de exposición» se la considera «integrada en el equipo de trabajo» y «se desprende una gestión activa por parte de Álvarez en el marco de la cátedra».
Peinado ha investigado a Gómez por la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigió en la UCM, entre ello la presunta apropiación indebida del ‘software’, así como por el nombramiento de Álvarez como su asesora en Moncloa y presuntos favores al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer investigado en la causa.
