La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional y por la que está investigado Víctor de Aldama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro José Luis Ábalos y en su exasesor Koldo García.
Así se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso Europa Press. Los agentes, en concreto, sostienen que «la organización criminal dirigida por Claudio Rivas dispuso» de esa cantidad de dinero para abonar una serie de «contraprestaciones económicas ilícitas».
Parte de ese millón de euros, en concreto 585.000 euros, fue destinado a la compra de un chalet «previamente elegido» por Ábalos: el de La Alcaidesa, en Cádiz. «El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza», apunta el informe.
La adquisición del inmueble «se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo García», que había intercambiado previamente diversos anuncios de propiedades con Ábalos.
Fue en una fecha coincidente con la segunda reunión mantenida por los presuntos líderes de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo «cuando Koldo reenvió a De Aldama el enlace a la oferta de venta de La Alcaidesa, evidenciando que fue la que eligió el ministro».
«HA SIDO PILLAR LA CASA Y HA DADO AL BOTONCITO»
El empresario, según la UCO, actuó «como intermediario entre el ministro y la organización criminal», iniciando «las gestiones necesarias para la adquisición» de la vivienda. «El 17 de junio de 2021, Claudio Rivas, estando convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista, puso a disposición del ministro la referida propiedad», indican los agentes.
«La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa causa-efecto», afirma la Guardia Civil. Ese hecho quedó plasmado en una conversación transcrita en el informe.
«Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito», le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González. Según los agentes, «los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro».
La UCO señala que Ábalos disfrutó del chalet de julio a noviembre de 2021. Dos meses después del cese del ministro, y «ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio Rivas ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas».
DINERO PARA ACTIVAR A DE ALDAMA
Parte del mencionado millón de euros también fue a parar al bolsillo de Víctor de Aldama, que «percibió 292.416,66 euros procedentes de la mercantil Have Got Time», la misma que oficializó la compra del chalet de Ábalos y que era propiedad de Rivas. Se trató, en concreto, de un «pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte».
Ese total fue fraccionado en varios pagos. En junio de 2021, cinco días después de la firma de la escritura del chalet, De Aldama recibió 181.500 euros. Un mes después, percibió 110.916,66 euros. En ambos casos, esos pagos se camuflaron como parte de un contrato de prestación de servicios entre Have Got Time y una mercantil de De Aldama.
La UCO señala que, ya con posterioridad e integrado en la trama criminal, De Aldama percibió un total de 925.036,95 euros.
Los agentes explican que, antes de estos pagos, en diciembre de 2020 y un día antes de la primera reunión de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo, De Aldama habría recibido 5.000 euros. En concreto, la empresaria investigada por la Audiencia Nacional María del Carmen Pano le habría entregado esa cantidad «para activar la influencia» del empresario.
PAGOS A KOLDO
El informe también da detalles sobre Koldo García que, «si bien demorado en el tiempo, fue beneficiado de un contrato de trabajo instrumentalizado por una mercantil administrada» por Manuel Salles y «vinculada a Claudio Rivas». «Dicha contratación, bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios, consta acreditado desde el 27 de enero de 2022», señala.
La Guardia Civil detalla que el exasesor de Ábalos recibió en marzo de 2022 y en concepto de nómina 1.950,50 euros. Seis días después, se embolsó 5.000 euros en concepto de adelanto. El informe indica que «la influencia del ministro se materializó en las reuniones y conversadores mantenidas por Koldo García con distintos responsables ministeriales».
Todos estos pagos tenían como objetivo, apunta la UCO, «obtener para Villafuel la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente».
