El impulso normativo en torno a la sostenibilidad ha comenzado a trasladarse de forma más concreta al ámbito de la movilidad corporativa. Con el avance legislativo de la Ley de Movilidad Sostenible en España, el marco regulador introduce nuevas responsabilidades para las empresas de tamaño medio y grande, especialmente aquellas que operan con centros de trabajo con un número elevado de personas.
El texto, ya aprobado en el Congreso y pendiente de votación en el Senado, establece un plazo de 24 meses desde su entrada en vigor para que las empresas afectadas diseñen, negocien y ejecuten un plan de movilidad adaptado a sus características. En ese contexto, M Automoción, empresa comprometida con la implementación de soluciones de movilidad sostenible, analiza el impacto de este nuevo marco legal y las medidas que deberán adoptarse desde el ámbito privado para cumplir con los requisitos en tiempo y forma.
Obligaciones y alcance de la nueva normativa
El contenido de la ley afecta a todas las organizaciones públicas y privadas con más de 200 empleados por centro de trabajo, o más de 100 trabajadores por turno. Estas deberán elaborar un plan específico de movilidad al trabajo en coordinación con la representación legal del personal. La norma también prevé que dicho plan esté alineado con las estrategias de movilidad urbana de cada municipio, lo que implica un enfoque coordinado entre el sector empresarial y las administraciones locales.
El plan debe contemplar no solo medidas para fomentar el uso de transporte público o la movilidad activa, sino también iniciativas que faciliten la implantación de opciones de baja o nula emisión, como los vehículos eléctricos o híbridos, así como servicios de movilidad compartida. Una vez elaborado, el documento debe ser comunicado a la autoridad competente en un plazo máximo de tres meses, y deberá actualizarse de forma periódica mediante sistemas de seguimiento y revisión.
Preparación anticipada y oportunidades de mejora
Aunque la ley aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, su aprobación definitiva se considera inminente. Esta previsión ha generado que diversas empresas comiencen ya a diagnosticar internamente sus hábitos de desplazamiento y a definir equipos responsables para liderar los planes de cumplimiento. Entre las recomendaciones más habituales se encuentra la incorporación de soluciones tecnológicas para medir la huella de carbono de los trayectos laborales, así como la exploración de acuerdos con proveedores de movilidad eléctrica o servicios de carpooling corporativo.
Lejos de representar únicamente una obligación administrativa, el nuevo marco legal se plantea como una vía para reorganizar de forma más eficiente la movilidad laboral, con beneficios asociados a la reducción de costes, el bienestar del personal y el posicionamiento en materia ambiental. La movilidad sostenible, en este escenario, se convierte en un eje de transformación interna que trasciende el cumplimiento normativo.
Desde esa perspectiva, M Automoción destaca la importancia de anticiparse a las exigencias regulatorias, identificando oportunidades de mejora continua en los desplazamientos hacia y desde el lugar de trabajo.
