La Comisión Europea comenzará a aplicar este domingo, 2 de agosto, las primeras obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que exigirán identificar los contenidos generados o manipulados mediante esta tecnología, incluidos los conocidos como ‘deepfakes’, y obligarán a los ‘chatbots’ y otros sistemas a advertir a los usuarios de que están interactuando con una IA, al tiempo que Bruselas asumirá por primera vez las competencias para velar por el cumplimiento de la norma.
En la práctica, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer esas producciones, mientras que su uso con fines profesionales exigirá indicar de forma clara que han sido alteradas mediante inteligencia artificial y los asistentes conversacionales informar de que el usuario está hablando con una máquina y no con una persona.
«La inteligencia artificial es una tecnología transformadora que puede aportar beneficios extraordinarios a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. Pero también estamos viendo que puede causar perjuicios si no se diseña y utiliza adecuadamente, y que los modelos más avanzados plantean riesgos de una magnitud completamente nueva», ha señalado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.
La entrada en vigor de estas medidas permitirá además a Bruselas empezar a supervisar los denominados modelos de IA de propósito general, es decir, aquellos capaces de realizar múltiples tareas y que sirven de base para una amplia gama de herramientas y servicios. La Oficina Europea de IA podrá requerir información a las empresas responsables de estos sistemas, acceder a ellos para evaluarlos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad cuando detecte incumplimientos.
Ese control se ejercerá de forma compartida con las autoridades nacionales, de modo que este organismo se encargará de sus proveedores y de los sistemas cuya competencia corresponde a la Comisión, mientras que los Estados miembros vigilarán el resto de herramientas desplegadas en su territorio y el Supervisor Europeo de Protección de Datos hará lo propio con las utilizadas por las instituciones, organismos y agencias de la UE.
Como apoyo a ese sistema, Bruselas ha constituido un panel científico integrado por 60 expertos independientes, ha designado un asesor científico jefe y ha puesto en marcha distintos canales para comunicar posibles incumplimientos, entre ellos un mecanismo de denuncias abierto a ciudadanos y empresas y otro dirigido a quienes desarrollan aplicaciones a partir de modelos de terceros.
APLICACIÓN ESCALONADA
La aplicación de la ley continuará de forma escalonada y el siguiente cambio llegará el 2 de diciembre de este año, cuando entren en vigor las nuevas prohibiciones incorporadas por el paquete ‘AI Omnibus’ para impedir el uso de sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento o material de abuso sexual infantil. Ese mismo día finalizará también el periodo transitorio concedido a determinados modelos de IA ya comercializados para adaptarse a la obligación de incorporar mecanismos que permitan identificar los contenidos generados mediante esta tecnología.
El calendario seguirá un año después, el 2 de diciembre de 2027, con la entrada en vigor de las normas aplicables a la IA considerada de alto riesgo, como la utilizada en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo.
La implantación de la norma concluirá el 2 de agosto de 2028, cuando empezarán a aplicarse las disposiciones para los sistemas de inteligencia artificial integrados en productos sujetos a otra legislación europea, como determinados dispositivos médicos o vehículos.
