La jueza cita como testigos a consejeros de Ceuta y pide comunicaciones entre el Gobierno y la ciudad autónoma

Redacción

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a testificar el próximo 27 de octubre a varios consejeros del Ejecutivo de Ceuta y ha solicitado a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno que remita todas las comunicaciones y documentación relacionada con las reuniones celebradas antes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos el pasado mes de julio.

Así consta en diferentes resoluciones a las que ha tenido acceso Europa Press, en el que Tardón, accediendo a la solicitud de la Fiscalía, llama a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta, quienes fueron identificados en su declaración como testigo por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y que, según señala, «tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis».

Para el día siguiente cita también como testigos a tres agentes de la Policía Nacional que estuvieron presentes en la zona en que tuvo lugar la entrada masiva de inmigrantes irregulares en diferentes tramos horarios del pasado 30 de julio.

La magistrada también cita como testigos a Lorenzo Juan Fages, inspector jefe de la Policía Nacional, y al teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, ambos previstos para el 26 de octubre a las 10.00 y 11.00 horas, respectivamente.

Asimismo, Tardón envía una petición para identificar a un hombre que, bajo seudónimo, actúa como fuente de información de la Guardia Civil, así como a los efectivos del Instituto Armado y la Policía Nacional que habrían contactado con él en aquellos días, con el objetivo de citarles a todos como testigos.

La jueza requiere a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno a que le remitan «actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio».

DOCUMENTACIÓN A DISTINTOS CUERPOS

Además, Tardón solicita a la Guardia Civil, la Policía Nacional, Delegación del Gobierno, Ejecutivo de Ceuta, Autoridad Portuaria y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que «remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales correspondientes», desde el 30 de julio.

Y reclama al Ejército de Tierra y al CIFAS una serie de informes de inteligencia y seguridad, así como imágenes satelitales de la frontera con el país vecino.

La magistrada también requiere documentación al Ministerio del Interior y al centro de salvamento de Tarifa, además de a la Policía Nacional y la Guardia Civil, relativa a entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el 30 de julio hasta la fecha de recepción de este oficio judicial.

Y pide a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Empresarios de Ceuta un informe relativo a los daños económicos que la ciudad autónoma ha sufrido desde la entrada masiva.

«PERTINENCIA» Y «UTILIDAD» DE LAS DILIGENCIAS

La magistrada expone que las diligencias solicitadas por la Fiscalía «reúnen plenamente los requisitos de pertinencia, utilidad y necesidad exigidos» y van dirigidas al «esclarecimiento de extremos relevantes que continúan presentando zonas de incertidumbre» tras las testificales practicadas.

Tardón entiende, además, que la documentación que solicita «resulta particularmente relevante para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de información, la solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados en las declaraciones practicadas».

Con ello, la magistrada espera recabar «datos reales, objetivos y precisos para poder determinar la magnitud exacta de los hechos», según la resolución judicial.

Respecto a la identificación de la fuente de información de la Guardia Civil, Tardón argumenta que toma esta decisión tras la declaración como testigo de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, quien dijo que este hombre «habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos», localidad marroquí fronteriza con Ceuta, según la jueza.

Este informante, identificado como una persona de confianza por Sanz, también habría detallado la existencia de concentraciones de personas y otras circunstancias con carácter previo a la entrada masiva, según la instructora.

Las + leídas