La juez de Majadahonda que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado un plazo de 10 días al organismo presidido por Luis Rubiales para que aporte la contabilidad relativa a 2020.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la instructora ha admitido la petición de la Fiscalía Anticorrupción de requerir al secretario general de la Federación que remita el libro de contabilidad mayor correspondiente a 2020, «al máximo nivel de desagregación».
El Ministerio Público había pedido a la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda que ordenara esta diligencia a raíz de la respuesta que recibió de la Federación de Fútbol al requerimiento que hizo relativo a la documentación vinculada a la estancia de miembros de la RFEF en Salobreña, Granada, en agosto de 2020.
La decisión de la magistrada Delia Rodrigo de requerir tal documentación al organismo se enmarca en la investigación que desde el pasado verano dirige a raíz de la querella que admitió a trámite en la que se denuncian las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el marco de la gestión de Rubiales al frente de la Federación.
En la querella, presentada por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, se apunta entre otras cuestiones a las presuntas comisiones cobradas por la RFEF y la empresa del exfutbolista Gerard Piqué por que el torneo de la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí. A dicha querella se sumó otra de Manos Limpias que también se investiga en el juzgado.
Ya en octubre, la juez reclamó a la RFEF que aportase documentación sobre una «celebración» en Salobreña. Según informó en su día El Mundo, se trata de una supuesta fiesta privada de Rubiales y otras personas que habría tenido lugar en agosto de 2020 en un chalé de dicha localidad y que, según denunció su tío y exjefe de gabinete Juan Rubiales, se habría pagado con dinero de la Federación.
La RFEF, por su parte, desmintió que fuera una fiesta y aseguró que fue una reunión interna de trabajo en la que el alojamiento corrió íntegramente por cuenta de cada asistente, incluido Juan Rubiales. «Ni los empleados ni la RFEF incurrió en irregularidad alguna», indicó en un comunicado.
En aquella ocasión, la juez puntualizó que quería saber el coste de la estancia y si fue pagada con fondos y tarjetas de la RFEF, así como el «motivo, fecha y lugar» exactos y «asistentes que oficialmente acudieron».
