La Dirección General de Tráfico (DGT) rechaza incrementar el importe de las multas a los conductores que cometan infracciones, al tiempo que apuesta por elevar la detracción de puntos por hablar indebidamente con el teléfono móvil al volante o por ir sin cinturón de seguridad o casco.
El Gobierno apunta en una respuesta parlamentaria a varios diputados de Vox, a la que tuvo acceso Servimedia, que «en ningún caso existe la previsión de endurecer las cuantías de las multas de tráfico en el momento actual».
Por tanto, se mantienen las cuantías recogidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es decir, hasta 100 euros en el caso de las infracciones leves, 200 euros para las infracciones graves y 500 euros para las muy graves.
Las multas son de 1.000 euros para los conductores que den positivo por alcohol o drogas, o los que se nieguen a someterse a esas pruebas cuando estén implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido alguna infracción.
La cuantía es de 6.000 euros para quienes conduzcan vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualquier mecanismo que interfiera en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.
El importe varía entre 3.000 y 20.000 euros para quienes hagan obras sin la autorización correspondiente, no instalen la señalización de obras, incumplan las normas que regulan las actividades industriales que afectan a la seguridad vial, instalen inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos, incumplan las normas sobre la autorización y el funcionamiento de las autoescuelas y de acreditación de los centros de reconocimiento de conductores, o causen daños a las infraestructuras de las vías.
PERMISO POR PUNTOS
Por otro lado, la DGT confía en lograr en 2030 el objetivo de reducir en un 50% el número de muertos y heridos graves con respecto a 2019 (pues 2020 fue un año atípico por la pandemia del coronavirus) a través de una reforma del permiso por puntos.
Esa propuesta de modificación está recogida en la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada el martes de la semana pasada por el Consejo de Ministros y cuyo texto está actualmente en el Congreso, dando así el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria.
Para el Gobierno, conseguir esos objetivos de seguridad vial para 2030 exige “implementar medidas estructurales que afectan al permiso por puntos, toda vez que se ha demostrado que este sistema ha contribuido a reducir la siniestralidad, al influir de forma importante en la propia percepción de los comportamientos que se consideran inadecuados al volante”.
El Ejecutivo propone aumentar los puntos a detraer por comportamientos que generan más riesgo para la conducción e impulsar los cursos de conducción segura como fórmula para mejorar la formación vial de los conductores.
Así, conducir sujetando dispositivos de telefonía móvil con una mano supondría seis puntos menos (en vez de los tres actuales) y no llevar puesto el cinturón de seguridad, el sistema de retención infantil, el casco y otros elementos de protección restaría cuatro puntos en el permiso (en lugar de los tres de ahora).
Además, el proyecto legislativo sustituye la infracción grave de ‘utilizar’ mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de ‘llevar en el vehículo’ esos dispositivos, lo que supone perder tres puntos en el permiso.
La reforma suprimiría la posibilidad de que coches y motos puedan superar en 20 km/h el límite de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Esta medida ya se aplica en otros países de la UE y la DGT pretende reforzar el mensaje de que adelantar conlleva un riesgo de colisión frontal.
El proyecto de ley ofrece recuperar dos puntos por hacer un curso de conducción segura certificado por la DGT, se unifica en dos años el plazo sin infracciones para recuperar el saldo inicial de puntos (ese periodo fluctúa ahora según la gravedad de la infracción) y se incluye como nueva infracción muy grave cometer fraude en los exámenes de conducir usando dispositivos de intercomunicación no autorizados (sanción de 500 euros y seis meses sin poder presentarse al examen).
Además, se prevé el acceso online al registro de conductores para las empresas de transporte de personas y de mercancías con el fin de que conozcan si el permiso de conducir de sus trabajadores está en vigor.
