La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER, mantendrá una reunión crucial con el Ministro de Economía el próximo viernes 25 de septiembre. El objetivo del encuentro es abordar el nuevo paquete de ayudas directas al carburante para el colectivo de transportistas, cuya aplicación está prevista para que entre en vigor a partir del próximo mes de octubre.
Esta reclamación se produce en un contexto de extrema gravedad para el sector, marcado por los precios récord del petróleo, que ha experimentado un incremento del 80% desde principios de año, con una tendencia alcista que previsiblemente se mantendrá durante los próximos meses.
Ante esta situación, FENADISMER trasladará al Ministro de Economía la necesidad imperativa de modificar radicalmente el régimen de ayudas aprobado el pasado mes de junio. En dicho modelo, las ayudas eran gestionadas parcialmente por las empresas petroleras a través de la rebaja de los impuestos de hidrocarburos, en lugar de ser abonadas de forma íntegra a los transportistas. En la práctica, este mecanismo ha provocado que el impacto económico de las ayudas no llegue a los consumidores finales ni a los profesionales del transporte.
El fracaso del modelo actual queda demostrado con datos incontestables. A pesar de la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de la rebaja de 20 céntimos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, dicha ayuda fiscal no se ha notado en el precio del diésel en ningún día de este mes de Septiembre, habiendo mantenido por el contrario una tendencia alcista. Esta situación evidencia que las compañías petroleras han absorbido en gran parte la bonificación fiscal en sus márgenes comerciales, neutralizando por completo el impacto positivo que la medida debía tener sobre los ciudadanos y el sector del transporte.
Por todo ello, FENADISMER planteará de manera firme en la reunión de este viernes que, si el Gobierno decide mantener el actual sistema de gestión de las ayudas, proceda de forma urgente y excepcional a intervenir el mercado de los carburantes en España. Esta medida, motivada por la incertidumbre y volatilidad internacional, consistiría en limitar los precios máximos de venta al público, recuperando el modelo de control regulado que ya estuvo vigente en la década de los 90, para de esa forma garantizar que las petroleras repercuten en los precios finales de los carburantes las rebajas fiscales que en su caso se aprueben.
