El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este jueves la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la multinacional tecnológica Google por abuso de posición dominante con Android, ratificando así el fallo previo del Tribunal General de la UE y dando la razón de forma definitiva al Ejecutivo comunitario.
El caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a la compañía con una multa de 4.340 millones de euros –rebajada por el TJUE un 5%, a 4.124 millones, en una sentencia de 2022– por abuso de posición dominante, al imponer a fabricantes de dispositivos móviles y operadores de redes móviles restricciones contractuales a favor de sus herramientas ‘Google Search’ y ‘Chrome’.
En concreto, Google obligaba a los fabricantes a preinstalar las aplicaciones de búsqueda y navegación de la marca (‘Google Search’ y ‘Chrome’) como condición para poder obtener una licencia para ‘Play Store’ y les exigía no vender dispositivos equipados con versiones alternativas a su sistema operativo, Android, no autorizadas por la compañía.
Ahora, con esta decisión, la máxima instancia judicial comunitaria tumba los argumentos de Google y confirma que existía un «sesgo de statu quo» en favor de las aplicaciones preinstaladas, desmontando la tesis de la empresa estadounidense de que se debía únicamente a la calidad de sus servicios.
Asimismo, el TJUE aclara que en los mercados digitales no es indispensable demostrar que las prácticas puedan expulsar a competidores «igual de eficaces» para certificar un abuso, bastando con acreditar que estas conductas restringen la competencia y refuerzan las barreras de entrada.
El fallo también desestima las alegaciones de la compañía respecto a los denominados «acuerdos contra la fragmentación», unos contratos por los que Google condicionaba la concesión de sus licencias a que los fabricantes se comprometieran a no vender dispositivos con versiones de Android modificadas o no autorizadas.
La justicia europea confirma que estas exigencias limitaban de forma ilegal las oportunidades comerciales de los sistemas operativos competidores, por lo que rechaza las «justificaciones objetivas» aducidas por la multinacional con sede en Silicon Valley y mantiene la calificación de infracción única y continua.
De la cuantía total de la sanción, un importe de algo más de 1.520 millones de euros corre a cargo de Alphabet en concepto de su responsabilidad solidaria como sociedad matriz. Al tratarse de un recurso de casación ante la máxima instancia judicial de la UE, esta resolución pone fin definitivamente a la vía judicial.
