El sector del transporte respalda el nuevo límite legal de desgaste de neumáticos para camiones y autobuses

Wenceslao Pérez Gómez

Un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, FENADISMER, revela que la mayoría de los transportistas apoya la nueva exigencia mínima de 1,0 mm para acabar con la incertidumbre en las inspecciones.

El sector del transporte por carretera ha recibido de forma positiva la regulación que fija, por primera vez en España, un límite objetivo para el desgaste de las cubiertas en vehículos pesados. El pasado 30 de mayo entró en vigor la modificación del Reglamento General de Vehículos que obliga a los camiones de más de 3,5 toneladas de MMA y a los autobuses a mantener una profundidad mínima de 1,0 milímetro en las ranuras de la banda de rodadura, una medida que respaldan los propios profesionales.

Lejos de rechazar la nueva exigencia, los transportistas reclamaban un criterio claro para evitar la arbitrariedad en las carreteras. Un reciente estudio realizado por la federación FENADISMER, en colaboración con la firma de neumáticos Continental, refleja el firme compromiso del sector con esta medida:

El 57% de los transportistas se manifestó expresamente a favor de introducir esta obligación legal antes de su aprobación.

El 83% de los profesionales del sector reconoce que el estado de los neumáticos, y en especial la profundidad del dibujo, es un factor crítico y fundamental para la seguridad vial.

Hasta ahora, la norma solo obligaba a los vehículos ligeros a cumplir con un mínimo de 1,6 mm. Al no existir una cifra de referencia para el transporte pesado, la seguridad quedaba sujeta a la interpretación subjetiva de los agentes de tráfico. Esta falta de regulación generaba constantes discrepancias, desamparo y tensiones entre los conductores y las autoridades durante las inspecciones en carretera.

Con la entrada en vigor de este límite de 1,0 mm, España se alinea con los estándares de los países europeos de nuestro entorno. El cambio normativo ofrece la seguridad jurídica que las empresas de transporte necesitaban para gestionar el mantenimiento de sus flotas con total certeza y garantías.

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