El PSOE ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’, Santiago Pedraz, el expurgo de los datos que se obtengan de las cuentas bancarias del partido que no tengan relación con la investigación, que indaga sobre la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
Así se lo ha comunicado el Partido Socialista al juez, mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también ha solicitado que «no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación».
El pasado julio, Pedraz abrió una pieza sobre los pagos que presuntamente realizó el PSOE a la exmilitante socialista y reclamó a 12 entidades bancarias que informasen de movimientos y saldos vinculados con 82 cuentas relacionadas con la causa, seis de ellas del PSOE.
Los socialistas reclaman al juez «el expurgo de los datos que se obtengan y no se correspondan con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados», argumentado «el derecho a la intimidad de las personas y entidades que pueden aparecer reflejados en los movimientos bancarios solicitados».
Al respecto, inciden en que esas cuentas «contienen multitud de movimientos, que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos que son objeto de las presentes actuaciones».
El PSOE señala que ya informó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las cuentas que «podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima para hacer pagos o cubrir gastos» de los investigados.
El Partido Socialista subraya que «seguirá colaborando con la investigación judicial que se está efectuando, aportando cuanta otra información se le pueda solicitar, pues siempre ha desarrollado una gestión transparente y no tiene nada que ocultar».
La UCO indicó en un informe que el PSOE usó empresas del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para pagar 43.225 euros a Díez.
