El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, presenta este jueves en el Congreso su memoria del año 2020, marcado por la pandemia, y en el que los ministerios de Interior, Política Territorial y Función Pública, Sanidad y la Presidencia del Gobierno fueron, por ese orden, los organismos que más reclamaciones recibieron por cuestiones falta de transparencia.
Según la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el año pasado se presentaron en el Consejo 2.985 iniciativas ciudadanas, frente a las 3.747 de 2019, es decir, un 20,34% menos, lo que el Consejo relaciona con la suspensión de los plazos administrativos y otras medidas adoptadas para superar la crisis sanitaria.
En concreto, en el caso de las solicitudes de información su tramitación estuvo suspendida entre el 14 de marzo y el 1 de junio, salvo para los supuestos «estrechamente vinculados a los hechos justificativos del estado de alarma». Entraron 83 reclamaciones en marzo, nueve en abril y mayo, 158 en junio, 237 en julio y 229 en agosto.
Del total de 2.985 iniciativas registradas en 2020, 1.704 (un 57%) fueron reclamaciones por las respuestas obtenidas ante las peticiones de información a los órganos de la Administración General del Estado, los organismos y entidades del sector público estatal y el 44% se plantearon ante los órganos autonómicos que tienen convenios con el Consejo.
DESESTIMADO EL 41% DE LAS QUEJAS
En ese ejercicio, el Consejo resolvió 876 reclamaciones referidas al ámbito estatal, admitiendo a trámite el 81% de ellas, estimando la mitad, desestimando el 41% y archivando el 5,3%.
El 75% de las reclamaciones (654) se presentaron ante ministerios, siendo el de Interior el organismo estatal que más recibió (171, el 19,52%), seguido de Política Territorial y Función Pública (59, el 6,74%), Sanidad (55 reclamaciones, el 6,28%) y Presidencia del Gobierno (47, un 5,37.%).
Respecto a los motivos de estas quejas, el primer dato que destaca el Consejo es el «elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información publica resueltas por la vía del silencio administrativo, es decir, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido.
PERFIL DE LOS RECLAMANTES
En concreto, en el conjunto de las 876 reclamaciones tramitadas, 404 (el 46%) se han planteado frente a actos presuntos, no formulados expresamente, de modo que él o la reclamante desconocía priori los motivos por los se había denegado su solicitud. El segundo motivo por el que más se reclama (192 casos, 22% de las quejas) tiene que ver con que la respuesta recibida es incompleta.
Cerca del 21% de las reclamaciones versaban sobre información jurídica, el 17% sobre información estadística y el 10% sobre procesos selectivos para el empleo publico.
Respecto al perfil de los reclamantes, el 59% eran personas físicas sin especificar, un 25% periodistas, un 6% representantes de la sociedad civil o apoderados de personas jurídicas sin especificar y un 4% apoderados de asociaciones sindicales.
Como en memorias anteriores, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno destaca la brecha de género entre los reclamantes, ya ue e sólo el 21,58% de las quejas las plantean mujeres, frente al 78,31% que llevan la firma de hombres.
CAMBIOS EN EL CONSEJO
Además de dar cuenta de la memoria de 2020, y también de la 2019, Rodríguez Álvarez tendrá que dar explicaciones, a petición del PP, Ciudadanos y Vox, por el cese de la anterior subdirectora general de Reclamaciones Esperanza Zambrano, a la que sustituyó tras ser nombrado presidente.
«Fue una decisión de política de personal completamente ajustada a derecho que no tiene nada de excepcional», apuntó el presidente del Congreso el pasado mes de mayo ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, donde defendió que los responsables de las instituciones tienen que poder conformar sus equipos porque lo contrario sería «contraproducente» y un «sinsentido».
Además, negó que la sucesora de Zambrano, Carmen Montero, fuera «mano derecha» de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, como le había afeado el PP, recordando que fue nombrada directora general técnica del Ministerio de Presidencia en marzo de 2017, aún con el Gobierno de Mariano Rajoy.
