El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha aplazado la declaración como investigado del empresario Víctor de Aldama al 21 de mayo sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.
El empresario estaba citado este jueves junto con Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos en calidad de investigados, pero Moreno ha trasladado la declaración de Aldama a la semana siguiente, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, una vez «verificada la agenda de señalamientos» de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de ambos después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.
Dicho informe recordaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, «constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo», una relación que le permitía al empresario «tener acceso» al exministro.
Asimismo, señalaba que esta «relación económica» se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que «este patrón» de pagos de Aldama no se «ceñirá a actuaciones concretas» sino «al aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico».
El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido juzgada durante el último mes por el Supremo, con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.
Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.
