La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se han congregado en las últimas horas cientos de personas para arropar a esta mujer de 87 años.
Sanitarios del Samur han sacado a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de «no estás sola» y «asesinos» de las personas concentradas en la calle. La mujer ha sido introducida posteriormente en una ambulancia, que la ha trasladado del lugar.
Vecinos y activistas pasaron la noche al raso frente al inmueble para tratar de impedir este cuarto intento de lanzamiento. En la vigilia estuvieron presentes, entre otras personalidades del mundo de la cultura, Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan.
«Os doy las gracias por ese ejercicio que estáis haciendo toda esta noche durmiendo en la calle. (…) Os recuerdo mucho y sigo oyendo todo vuestro ruido. Por favor seguid, pero no os hagáis daño unos a otros», señalaba Maricarmen a los presentes.
Durante la mañana, alrededor de un centenar de personas continuaba en el lugar. Los manifestantes han coreado consignas como «Gobierno progresista, hipócrita y rentista», «Para Maricarmen, el ático de Ayuso», «Podría ser tu madre o tu abuela» o «Maricarmen, no estás sola». Algunos han mostrado a los agentes desplegados vídeos de la mujer.
La Policía ha establecido un perímetro de seguridad en torno al edificio con decenas de agentes y cerca de una decena de vehículos, además de efectivos de Samur Social. Una línea policial han impedido el acceso a la zona.
En un primer momento, los agentes tampoco han permitido a los medios de comunicación entrar en el interior del cordón. Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que, ante la afluencia de personas, se había priorizado la seguridad, incluida la prensa, y que el jefe superior de Policía trasladó al mando del dispositivo que los periodistas pudieran trabajar dentro del perímetro.
Por su parte, la Delegación del Gobierno se ha desmarcado del operativo y ha señalado que la Policía ha actuado bajo mandato de la comisión judicial. También ha asegurado que no dio «ninguna instrucción» para impedir la cobertura informativa y ha expresado su oposición al desahucio.
MOMENTOS DE TENSIÓN Y EMPUJONES
La comisión judicial ha llegado a las 9.30 horas. Durante las horas posteriores se han producido momentos de tensión y empujones, seguidos de una situación de «calma tensa» y enfrentamientos puntuales que han desembocado en alguna carga policial. Los agentes han comenzado después a retirar a las personas que permanecían sentadas pacíficamente en el portal.
Una vez despejado el acceso, los agentes han comenzado a golpear la puerta de entrada al edificio con el objetivo de abrirla y acceder al inmueble, donde permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas que se quedaron con Maricarmen por la noche.
En los últimos momentos antes del lanzamiento, Samur ha subido hasta la vivienda. En el interior permanecían junto a Maricarmen únicamente allegados y cuatro integrantes del Sindicato de Inquilinas.
Esta organización ha denunciado en redes sociales que la propiedad se había negado a aceptar una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en la vivienda. Según había informado el sindicato, una donante anónima estaba dispuesta a completar la renta de la mujer. «Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa», han criticado.
LA ABOGADA REPROCHA QUE NO DEN NI 15 DÍAS PARA SACAR SUS COSAS
Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha explicado ante los medios de comunicación que han estado alrededor de una hora negociando con al comisión judicial y la propiedad pero que se han «negado a suspender por ninguno de los motivos alegados».
«Hay un escrito en el juzgado pendiente de resolver. Han dicho que les da exactamente lo mismo. Hemos alegado razones humanitarias y también les da exactamente lo mismo», ha trasladado la abogada, quien ha indicado que también se les trasladó infructuosamente la oferta de una persona anónima de hacer frente al alquiler.
Asimismo, ha indicado que tampoco ha causado efecto sobre la comisión judicial que las administraciones públicas «se están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional», a pesar de que se ha «acreditado documentalmente».
También han solicitado, sin respuesta positiva, que Maricarmen tuviera un mes o 15 días para sacar sus cosas y encontrar una alternativa. «Ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora, ni de dos, ni de nada, para sacar sus pertenencias, que saque sus cosas más personales y que se lo mandará a la dirección que ella indique, que de momento no puede indicar ninguna porque no tiene dónde ir», ha proseguido al abogada.
Duro ha insistido en que Maricarmen «nunca ha dejado de pagar la renta» y que a la propiedad se le está ofreciendo acuerdos «de todo tipo desde hace meses y que nunca» han querido hablar con la representación legal.
RODRÍGUEZ PIDE APROBAR LA MORATORIA ANTIDESAHUCIOS
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este miércoles, en declaraciones a los medios en el Congreso, que el Gobierno ha llevado en tres ocasiones al Parlamento durante el último año una propuesta para prohibir los desahucios, pero que la moratoria fue rechazada por la mayoría de la Cámara.
Rodríguez ha señalado que desde julio los grupos parlamentarios tienen sobre la mesa otra propuesta, planteada en el marco de la relación mantenida con Naciones Unidas, y les ha urgido a aprobarla «lo antes posible» para «paralizar para siempre los desahucios».
El Ministerio había criticado previamente a la Comunidad por no haber ofrecido un complemento de rentas para asumir el alquiler. También contra el Ayuntamiento, por no haberse pronunciado sobre la vulnerabilidad de Maricarmen «pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa». Fuentes municipales han rechazado estas acusaciones y han asegurado que los servicios sociales emitieron el informe de vulnerabilidad en octubre de 2025, a petición del juzgado.
El Consistorio sostiene que Maricarmen es usuaria de diferentes prestaciones municipales, entre ellas el servicio de ayuda a domicilio, y que se pusieron a su disposición distintos recursos de alojamiento que ella rechazó. Entre las alternativas planteadas, según el Sindicato de Inquilinas, figuraba una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros, una cantidad inasumible para su pensión.
CUARTO INTENTO DE DESAHUCIO
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija.
Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, aunque el Tribunal Supremo terminó fallando a favor del inversor.
Este era su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos que apoyan a Maricarmen, trató de incrementar su alquiler un 275%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado distintas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto. Sin embargo, sostiene que ninguna institución ofreció una alternativa que permitiera a Maricarmen permanecer en su casa.
