El juicio por el asesinato de Maguette Mbeugou, senegalesa de 25 años asesinada a cuchilladas presuntamente a manos de su marido en su domicilio de Bilbao en septiembre de 2018, en presencia de sus hijas de 2 y 4 años de edad, ha comenzado este viernes con la selección de los miembros del jurado popular.
No obstante, no será hasta el lunes cuando se interrogue al acusado, para el que la Fiscalía solicita 25 años de cárcel, los mismos que la acusación particular, que también reclama otros tres años de prisión por maltrato y ocho más por abandonar a sus hijas, que permanecieron durante más de 24 horas solas con el cadáver de su madre hasta que una vecina se percató de lo sucedido.
Antes de entrar esta mañana en el Palacio de Justicia de Bilbao, Jone Goirizelaia, que ejerce la representación legal del hermano de la víctima, ha afirmado que su cliente pretende que «quede bien claro» ante la opinión pública «cómo sucedieron los hechos».
La letrada ha señalado que también quieren que «quede patente» que las mujeres «siguen sufriendo violencia» y que hay que acabar con esta «lacra». «Si las mujeres normalmente la sufrimos (la violencia), las migrantes la sufren todavía más», ha denunciado. El hermano de Maguette vive en París y se ha hecho cargo de las dos hijas de la víctima.
La vista oral, que se prolongará durante siete días, se ha iniciado este viernes en la Audiencia Provincial de Bizkaia con la deliberación de las cuestiones previas y la selección de los miembros del jurado popular, que deberán determinar si el marido de Mbeugou es culpable o no del asesinato de su mujer.
DECLARACIÓN DEL ACUSADO
El procesado será interrogado el próximo lunes, tras lo cual comenzarán las comparecencias de los testigos. El jueves y viernes declararán los peritos y el lunes, día 22, las partes expondrán sus conclusiones.
La joven fue asesinada en septiembre de 2018 en su domicilio del barrio bilbaíno de Ollerías Altas en presencia de sus dos hijas de 2 y 4 años. El marido fue detenido horas en la localidad guipuzcoana de Mutriku tras el hallazgo del cadáver.
La víctima había denunciado previamente a su marido y solicitó una orden de protección en el juzgado, que fue denegada. Tras el crimen, el entonces presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, admitió que este caso había supuesto «un fracaso de la Justicia con mayúsculas».
