Unos 950 bomberos forestales de Castilla y León no acudirán este jueves a la extinción de incendios tras la decisión de los miembros de la Asociación de Empresas Forestales de España (Asemfo) que trabajan en la Comunidad de no participar en esta labor tras una «absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa».
Las empresas forestales de Castilla y León asociadas han decidido por unanimidad no participar en la extinción de incendios forestales «tras constatar la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa», ha señalado Asemfo en un comunicado recogido por Europa Press.
La Asocaición ha explicado que la decisión, adoptada en asamblea, responde a una situación que la organización califica de «límite e insostenible» provocada por más de un año de requerimientos «ignorados» por la Administración autonómica y la «campaña de acoso y derribo» emprendida por la Inspección de Trabajo, que sanciona las condiciones exigidas por la Junta en la extinción, propias de una emergencia.
«Esta contradicción ha derivado en una inseguridad jurídica absoluta, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios», ha añadido Asemfo, que ha explicado que las empresas se ven «atrapadas» entre «dos criterios incompatibles que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales».
Asemfo ha recordado que, desde marzo de 2025, ha reclamado de forma reiterada el cumplimiento de las condiciones «mínimas» necesarias para operar con seguridad.
Sin embargo, ha asegurado que la respuesta de la Junta ha sido «el silencio y la inacción», en una actitud que la asociación considera «irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial».
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Por otra parte, ha explicado que la Inspección considera la actuación de las empresas como un trabajo ordinario, no una emergencia, y por tanto no sujeto a las excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
«La situación es insostenible y las administraciones se tienen que poner de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común», ha aseverado la organización.
Además, ha afirmado que el «desmantelamiento» de la participación privada en la extinción de incendios y la sustitución por la empresa pública Tragsa «no mejora el operativo» y genera «graves perjuicios» a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal como la subrogación ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.
Asemfo ha añadido que la prioridad debe ser «un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada» y ha advertido de que la retirada de la extinción de incendios forestales «no responde a una estrategia de presión», sino a la imposibilidad «real» de trabajar en condiciones de seguridad jurídica.
«Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento», ha advertido la Asociación, que ha exigido una respuesta «urgente, concreta y verificable».
