La Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno de España no notificó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, lo que podría tener consecuencias jurídicas, aunque reconoce que corresponde a los Estados miembro evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha señalado en nombre del Ejecutivo comunitario que los Reales Decretos españoles que regulan el uso obligatorio del dispositivo y su conexión con la Dirección General de Tráfico (DGT), «no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535».
No obstante, el escrito precisa que son los propios Estados quienes deben valorar si una norma nacional encaja dentro del ámbito de aplicación de esa obligación de notificación, sin pronunciarse de forma expresa sobre si, en este caso concreto, España estaba jurídicamente obligada a comunicar la medida.
A continuación, la Comisión recuerda el marco general previsto en la normativa europea y señala que, si un país del club comunitario no cumple con la obligación de comunicar un reglamento técnico cuando proceda, puede «aplicar medidas» en virtud de lo establecido en los Tratados de la UE, que contemplan la posibilidad de actuar frente a posibles incumplimientos nacionales.
Además, expone las implicaciones jurídicas de esta situación, señalando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535».
El Ejecutivo comunitario explica que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está regulado de forma común en toda la Unión Europea, por lo que cada Estado miembro puede establecer sus propias normas de tráfico. Sin embargo, añade que si un país impone requisitos técnicos muy específicos a un producto, estos pueden afectar a su comercialización dentro del mercado europeo, lo que sí obligaría a justificar la medida conforme al derecho comunitario.
EL PP DENUNCIA «INSEGURIDAD JURÍDICA» Y PIDE «RESPONSABILIDAD»
Tras la respuesta emitida por la Comisión, Dolors Montserrat ha afirmado que el pronunciamiento de Bruselas pone en cuestión la seguridad jurídica de la obligatoriedad de la baliza V16 y ha pedido al Gobierno que «aclare de inmediato» si la norma se ajusta plenamente al Derecho de la Unión.
La eurodiputada ha destacado que el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos no notificados, lo que, a su juicio, confirma «la enorme inseguridad jurídica» generada para los conductores y para el sector.
Montserrat también ha subrayado que la Comisión señala que este tipo de exigencias nacionales puede constituir una restricción al mercado interior y ha criticado que el Gobierno actúe, en sus palabras, «por libre», reclamando que garantice el respeto al Derecho europeo y actúe con «transparencia y responsabilidad».
