La Ley de la Segunda Oportunidad es una normativa de origen europeo que tiene por fin la defensa de las personas que han caído en el sobreendeudamiento. En este sentido, la normativa determina que los acreedores deben fijar una cuota que el deudor pueda pagar sin dejar de vivir dignamente.
Según explica Jose Ruz, uno de los abogados especialistas en Deudalitix, la negativa de los acreedores a acogerse a esta obligación puede suponer la cancelación de la deuda. Ahora bien, para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es necesario cumplir con una serie de requisitos.
¿Cuáles son los requisitos para los deudores en la Ley de la Segunda Oportunidad?
Solo los autónomos y las personas físicas pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. En todos los casos, la deuda no puede superar los 5 millones de euros. Además, resulta necesario demostrar buena fe, que se traduce como la disposición a pagar lo que sea posible. En este sentido, no hay que ocultar ningún dato relevante con respecto a los bienes personales.
Una persona que busca recurrir a esta ley no puede haber sido declarada culpable en un concurso de acreedores y tampoco debe haber sido condenada por delitos económicos o sociales. También es obligatorio haber intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pago. El último aspecto fundamental a tener en cuenta es que no es necesario llegar a una situación de insolvencia económica para acceder a esta normativa, ya que estar atravesando una situación económica compleja es suficiente para iniciar los trámites necesarios.
Aun teniendo estos datos, a veces resulta complejo saber si una persona en específico puede apelar o no a la Ley de la Segunda Oportunidad. En estos casos, lo mejor es contar con un servicio de asesoramiento patrimonial de la mano de profesionales como Deudalitix.
¿De qué manera se desarrolla un proceso de acogimiento a la Ley de la Segunda Oportunidad?
El primer paso, como ya se ha mencionado, es el intento de llegar a un convenio extrajudicial de pagos. En esta instancia se expone cuál es la verdadera situación económica que atraviesa el deudor. Si se demuestra intención de pagar y el acuerdo no es posible por negativa o ausencia del acreedor, el juez puede decretar el indulto de los compromisos financieros pendientes.
Una de las mejores maneras de encarar un proceso de este tipo es con la asesoría legal y el acompañamiento profesional de abogados, que pueden ser factores clave a la hora de detener acciones de embargo, cancelar las deudas y reestructurar las cuotas de pago. Asimismo, los profesionales en derecho brindan apoyo para cancelar deudas con Hacienda o Seguridad Social y para detener las llamadas insistentes de las empresas de recobro.
Así pues, con el soporte de profesionales como los de Deudalitix, las personas podrán incrementar sus probabilidades de recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad y volver a empezar de cero.
