La Asociación de Fiscales (AF) ha anunciado que no asistirá a la reunión convocada para el próximo 20 de mayo por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) al considerar que el anteproyecto de ley «ha sido elaborado al margen de la carrera fiscal», así como que solo «refuerza el poder del fiscal general del Estado (FGE) sin introducir contrapesos».
Así lo ha anunciado la AF, la asociación mayoritaria en la carrera fiscal, en un comunicado donde denuncia que la reforma propuesta «supone un gravísimo retroceso en la autonomía institucional del Ministerio Fiscal».
La AF explica que, «al margen de las numerosas deficiencias de técnica legislativa apreciadas, y de la mezcla impropia de reglas procesales y orgánicas, el anteproyecto refleja, sobre todo, una insaciable voracidad de control de la institución por parte del fiscal general del Estado, a quien se atribuyen nuevas y numerosas facultades en materias como los nombramientos, la apreciación de las causas de incompatibilidad o el régimen disciplinario».
«Y se hace precisamente en detrimento de las limitadas funciones hasta ahora asignadas al único órgano de representación democrática de la carrera como es el Consejo Fiscal, cuya composición también pretende alterarse de forma indisimulada mediante la modificación del sistema electoral», advierte.
La AF alerta de que «el contrapeso del Consejo Fiscal, en vez de ser reforzado, es reducido hasta el extremo de convertirlo en un mero convidado de piedra en las decisiones del fiscal general del Estado».
Además, indica que «la eventual sustitución del rol del Consejo Fiscal por la actual composición de la Junta de Fiscales de Sala solo puede calificarse como un fraude, ante el constatado seguidismo que la inmensa mayoría de sus integrantes han expresado en los últimos tiempos a las decisiones de los dos últimos fiscales generales del Estado, que han nombrado a una parte significativa de los miembros de ese órgano».
En consecuencia, la AF sostiene que «la Junta de Fiscales de Sala no puede ser considerada, en serio, como un contrapeso real y efectivo de los poderes desorbitados del fiscal general del Estado».
LA ALUSIÓN A EUROPA, UNA «MERA EXCUSA»
La asociación fiscal también rebaja las expectativas respecto a una de las modificaciones propuestas para que el mandato del fiscal general del Estado sea de cinco años, desvinculándose así de la duración de la legislatura.
Para la AF, «un mandato de cinco años del fiscal general del Estado, sin contrapeso profesional alguno, solo refuerza al fiscal general del Estado, no a la institución».
«El Ministerio Fiscal, a quien se pretende atribuir nada menos que la dirección de la investigación penal, no puede quedar en manos de una sola persona», dice, subrayando que «los estándares europeos sobre el Estado de Derecho son incompatibles con un fiscal general del Estado que solo responda ante sí mismo».
En este punto, señala que, a pesar de que la exposición de motivos afirma que con esta reforma se pretende atender las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea y el Consejo de Europa para el refuerzo de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, «nada más lejos de la realidad».
A su juicio, el Gobierno carece de legitimidad para abanderar tanto la reforma del EOMF como la procesal que atribuirá al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales porque, «con sus conductas, han generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes y una desconfianza en la ciudadanía de difícil reversión».
Por ello, la Asociación de Fiscales cree que «la alusión a la adaptación a las exigencias de instancias europeas suena a mera excusa que se aprovecha para la consecución de otros fines ocultos».
LA APIF TAMPOCO IRÁ
Reprocha asimismo que «el anteproyecto no dice nada sobre la autonomía presupuestaria ni reglamentaria»; que «la estructura general de la institución se mantiene intacta, sin abordar su necesaria modernización organizativa»; que «los criterios de designación o remoción de los fiscales siguen quedando a la discrecionalidad»; y que «tampoco se refuerzan las garantías de los fiscales en la resolución de las discrepancias frente a órdenes ilegales o improcedentes».
En este contexto, la AF ha reiterado «su compromiso con una Fiscalía verdaderamente independiente, moderna y al servicio de los ciudadanos», exigiendo «una reforma con participación activa de la carrera fiscal».
A todo esto, la AF suma que no puede «compartir espacios de diálogo y encuentro con una Fiscalía General del Estado que, hoy en día, sigue dirigida por una persona que, sin perjuicio del respeto al derecho a la presunción de inocencia, está siendo actualmente investigada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, generando con ello un deterioro institucional que ya es insoportable».
«En definitiva, esta asociación no puede convertirse en mero cómplice de la Fiscalía General del Estado mediante su participación en algún tipo de comisión o grupo de trabajo, ni en alguna forma de negociación que, vistas las intenciones derivadas de la lectura del propio texto, solo podrían calificarse como una mera pantomima destinada a blanquear esta norma», zanja.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya anunció el pasado viernes que tampoco acudirá a dicha reunión al considerar, por un lado, que sería una colaboración «estéril», porque el anteproyecto de ley se ha hecho «a espaldas» de la APIF y, por otro, que sería prestarse a un «blanqueo» de la situación personal de García Ortiz, imputado en el Tribunal Supremo (TS).
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican, no obstante, señalan que hace tiempo que ambas asociaciones se levantaron de la mesa. Fue el pasado 10 de abril cuando García Ortiz se reunió con los presidentes de las tres asociaciones de fiscales –AF, APIF y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– para acordar una metodología de trabajo para «avanzar en la elaboración de un nuevo EOMF», de cara a la reforma del proceso penal.
