El PNV ha avanzado que votará a favor en el Congreso del decreto de vivienda que incluye bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, mientras que votará en contra del texto que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler.
Los dos decretos ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado y se votarán este mismo viernes en el Pleno del Congreso, que tiene que decidir si los convalida o los deroga.
Uno de los decretos incluye un amplio abanico de medidas, como bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios, protección frente a los desahucios o límites a los fondos ‘buitre’ en la compra de vivienda. De su lado, el otro decreto prorroga de manera automática los contratos de alquiler y obliga al casero a indemnizar al inquilino si quiere romper el contrato.
UN «PARCHE» A UN PROBLEMA «QUE VIENE DE LARGO»
Sobre el decreto que van a apoyar, que también incluye la prórroga durante dos años del contrato para inquilinos que estén al corriente de pago, la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha dicho que su grupo dará un apoyo «crítico» al decreto porque entiende que frena abusos y mejora la situación de los pequeños propietarios «pese a su desastrosa redacción».
Eso sí, a través de una publicación en X ha avisado de que «no es la solución». «No se arregla en un decreto ley lo que no se ha hecho en ocho años», ha dicho Vaquero. A través de un comunicado, los nacionalistas vascos han dicho encontrar «importantes carencias» en el decreto y consideran que es un «parche que no va a dar solución a un problema que viene de largo».
No obstante, la formación ha apostillado que pese a estas reservas, entiende que el decreto favorece a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y considera además que se introducen mejoras para el pequeño propietario, que es de quien depende, en gran medida, el mercado del alquiler.
MÁS DEL 90% DEL MERCADO EN EUSKADI LO TIENEN PEQUEÑOS PROPIETARIOS
Esto último ha sido, precisamente, una de las principales reivindicaciones del PNV, pues en Euskadi más del 90% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios y la responsabilidad de atender a las personas vulnerables y garantizar una alternativa habitacional debe recaer sobre la Administración pública, no sobre los particulares.
No obstante, los nacionalistas se han comprometido a seguir trabajando para mejorar la definición de los fondos ‘buitre’ o de las personas jurídicas que deben tener limitada su actividad y las compensaciones sobre los propietarios de dos o menos viviendas en caso de impagos de renta.
Asimismo, el PNV recuerda que lleva «toda la legislatura» defendiendo impulsar una mayor seguridad para inquilinos y arrendadores mediante una regulación que diferencie claramente los alquileres habituales, de temporada y turístico.
Este decreto, en opinión del partido, mejora la regulación para evitar el fraude de ley que provocaba el alquiler de temporada, un «vacío» de la Ley de Vivienda de 2023, y establece que los pisos turísticos deben considerarse una actividad económica y tributar como tal, pasando así de no pagar nada de IVA a un impuesto equiparable al del hospedaje (10%).
El PNV también destaca que la ley recoge su petición para que la prórroga del alquiler de vivienda habitual solo sea posible cuando la persona arrendataria haya abonado la mensualidad de forma regular a lo largo de los últimos ocho meses. De esta forma, apostilla la formación, se da protección a quien cumple y seguridad a quien alquila.
Pese a su apoyo a esta norma, el PNV ha exigido al Ejecutivo «más seriedad y rigor» tanto en las negociaciones como en la redacción de los textos, e insiste en que son necesarias «medidas integrales» que no afecten solo a quienes en estos momentos tienen un alquiler sino que beneficien a los que quieren acceder al mercado y no pueden, y no «un mero parche de impacto limitado y desconocido».
NO AL OTRO DECRETO
Maribel Vaquero también ha aprovechado su publicación en X para confirmar que su partido votará en contra del otro decreto porque entiende que «penaliza al pequeño propietario».
En un comunicado, el partido considera que sería «contraproducente» para el objetivo que dice buscar. De hecho, los nacionalistas entienden que esta propuesta del Gobierno es un «ataque» al pequeño propietario y retraería la oferta de la vivienda de alquiler en el mercado y, por tanto, sería «perjudicial» para la ciudadanía.
El sí del sindicato de inquilinas allana el apoyo de los socios de izquierda y deja la llave a Junts