La reforma del subsidio para mayores de 52 años operada en 2019 implicará un coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros entre 2019 y 2030 derivado del mayor número de perceptores, al tiempo que provocará un gasto extra para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 1.818 millones de euros anuales hasta 2030 por el aumento de la prestación, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicados este lunes.
En un estudio realizado por Fernando Pinto, Carlos Garcimartín y Miguel Ángel García, Fedea estima que la reforma de 2019 incrementó el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas, con el consiguiente aumento del coste para el sector público.
En concreto, el informe detalla que la reforma de 2019, que revirtió los endurecimientos introducidos en 2012, rebajó la edad de acceso de los 55 a los 52 años, modificó la evaluación de las rentas a la forma individual en lugar de por unidad familiar, extendió la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación e incrementó la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Como consecuencia de esta flexibilización, los autores estiman que para el año 2030 el número de perceptores adicionales atribuibles exclusivamente al cambio de política alcanzará las 315.718 personas, elevando el total de beneficiarios de este subsidio hasta los 529.880, frente a los 214.163 que se habrían registrado de no existir la reforma.
Para llegar a sus proyecciones económicas, los investigadores de Fedea diseñaron un modelo dinámico basado en series temporales (2005-2025) y utilizaron datos reales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del SEPE, asumiendo un escenario macroeconómico y normativo prudente para el tramo 2026-2030.
Según sus cálculos, el impacto de la reforma de 2019 en el subsidio por desempleo implicará un coste para el SEPE de 1.818 millones de euros en 2030. Esta cifra sale de multiplicar el volumen de perceptores adicionales que genera la reforma año tras año por el coste nominal por persona de la prestación.
Para las proyecciones de 2026 a 2030, se mantuvo fija la tasa de desempleo y actividad de 2025 sobre las previsiones poblacionales del INE y se aplicó un crecimiento anual del 2% a la cuantía del subsidio, en línea con el objetivo de inflación del Banco Central Europeo.
COSTE EXTRA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE 17.935 MILLONES
En su informe, Fedea estima que el gasto futuro en pensiones de la Seguridad Social por la reforma del subsidio en 2019 será de 9.456 millones de euros entre 2019 y 2030.
Al incrementarse la base de cotización que el SEPE paga por el desempleado (del 100% al 125% del SMI), la pensión inicial de los beneficiarios subirá un 4,72%, según Fedea.
Para calcular este valor presente descontado, los autores toman una postura conservadora utilizando el promedio de perceptores del periodo (432.520 personas) y estiman que cobrarán el subsidio durante una media de 8 años (de los 15 posibles). La base reguladora se ha construido combinando esos 8 años de subsidio con 17 años de cotización bajo el salario medio en España.
Aplicando la tasa de reposición media del Aging Report (77,2%), Fedea determina el flujo de la mayor pensión anual a lo largo de una esperanza de vida post-jubilación de 21,68 años.
La investigación plantea un escenario contrafactual en el que los beneficiarios adicionales creados por la reforma (un promedio de 225.701 personas en el periodo), de no cobrar la ayuda, estarían trabajando y percibiendo el SMI debido a las dificultades de inserción laboral en esa franja de edad.
Al pasar al subsidio, la Seguridad Social deja de percibir de forma directa cotizaciones derivadas de un empleo real, que Fedea cifra en 8.479 millones de euros. Esta cantidad surge de calcular la cuota anual por trabajador asociada al SMI (28,8%) multiplicada por el promedio de personas a lo largo de los 8 años de permanencia estimada.
La suma de las mayores obligaciones en pensiones futuras (9.456 millones) y de los ingresos que se dejan de percibir por cotizaciones sociales (8.479 millones) da como resultado un impacto total de 17.935 millones de euros para la Seguridad Social de la reforma de 2019.
Los autores advierten de que la velocidad de convergencia del modelo sitúa el 80% del impacto total de la reforma en 2026, por lo que el grueso de este esfuerzo fiscal «se concentrará en la presente década» y reclaman una planificación presupuestaria explícita.
«Las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio lo han convertido en una figura híbrida, a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter previsional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario», apuntan desde Fedea.
Aunque los cambios operados en 2019 mejoran la cobertura de los perceptores, Fedea avisa de que la reforma puede introducir problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial), «con un coste adicional no menor para la sociedad española».
